Ley de Defensa de la Competencia

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LEY 15/2007, DE 3 DE JULIO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
ley.
PREÁMBULO
I
El artículo 38 de la Constitución reconoce la libertad de empresa en el marco de una
economía de mercado y la garantía y protección de la misma por los poderes públicos,
de acuerdo con las exigencias de la economía en general y, en su caso, de la
planificación. La existencia de una competencia efectiva entre las empresas constituye
uno de los elementos definitorios de la economía de mercado, disciplina la actuación de
las empresas y reasigna los recursos productivos en favor de los operadores o las
técnicas más eficientes. Esta eficiencia productiva se traslada al consumidor en la forma
de menores precios o de un aumento de la cantidad ofrecida de los productos, de su
variedad y calidad, con el consiguiente incremento del bienestar del conjunto de la
sociedad.
En este contexto, existe un acuerdo generalizado con respecto a la creciente importancia
de la defensa de la competencia, que se ha consolidado como uno de los elementos
principales de la política económica en la actualidad. Dentro de las políticas de oferta, la
defensa de la competencia complementa a otras actuaciones de regulación de la
actividad económica y es un instrumento de primer orden para promover la
productividad de los factores y la competitividad general de la economía.
Por ello, resulta preciso disponer de un sistema que, sin intervenir de forma innecesaria
en la libre toma de decisiones empresariales, permita contar con los instrumentos
adecuados para garantizar el buen funcionamiento de los procesos del mercado.
Con este objeto se promulgó la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia, de 17 de
julio, sobre cuya base se ha articulado un sistema basado en la existencia de dos órganos
administrativos especializados de ámbito nacional para la lucha contra las prácticas
restrictivas de la competencia y el control de concentraciones económicas, el Servicio y
el Tribunal de Defensa de la Competencia.
Desde su entrada en vigor, se han producido modificaciones, algunas de gran calado, y
se han promulgado diversas normas de desarrollo. Además, se ha aprobado la Ley
1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las
Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia. Finalmente, en los
últimos años se ha producido una importante reforma del marco comunitario de defensa
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de la competencia, que ha fructificado en el nuevo Reglamento (CE) n.º 139/2004 del
Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas
y, sobre todo, en la modernización de la lucha contra las conductas restrictivas de la
competencia centrada en el Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de
diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas
en los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea.
En este marco, la presente Ley tiene por objeto la reforma del sistema español de
defensa de la competencia para reforzar los mecanismos ya existentes y dotarlo de los
instrumentos y la estructura institucional óptima para proteger la competencia efectiva
en los mercados, teniendo en cuenta el nuevo sistema normativo comunitario y las
competencias de las Comunidades Autónomas para la aplicación de las disposiciones
relativas a prácticas restrictivas de la competencia según lo dispuesto en la Ley 1/2002
de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades
Autónomas en materia de defensa de la competencia.
Para ello, la Ley parte de la experiencia adquirida en los últimos quince años mediante
la aplicación de las normas nacionales y comunitarias de competencia y está guiada por
cinco principios claros: garantía de la seguridad jurídica de los operadores económicos,
independencia de la toma de decisiones, transparencia y responsabilidad frente a la
sociedad de los órganos administrativos encargados de la aplicación de la Ley, eficacia
en la lucha contra las conductas restrictivas de la competencia y búsqueda de la
coherencia de todo el sistema y, en particular, de una adecuada imbricación de los
distintos planos institucionales que interactúan en este terreno.
II
La Ley se estructura en cinco títulos que regulan, respectivamente, las cuestiones
sustantivas, los aspectos institucionales, la Comisión Nacional de la Competencia, las
cuestiones procedimentales y el régimen sancionador.
El título primero recoge los aspectos sustantivos de los tres tipos de instrumentos
principales de esta política: régimen aplicable a las conductas restrictivas de la
competencia, principios del control de concentraciones y sistema de seguimiento y
propuesta en materia de ayudas públicas.
Por lo que respecta al capítulo primero, relativo a las conductas restrictivas de la
competencia, la Ley introduce cambios principalmente en tres líneas. En primer lugar,
se aclaran y simplifican los diferentes tipos de infracción. En segundo lugar, se pasa del
régimen de autorización singular de acuerdos prohibidos a un sistema de exención legal
en línea con el modelo comunitario. En tercer lugar, se aclaran los efectos de la
exención legal y el tratamiento de las conductas «de minimis».
En cuanto a los tipos de infracción, se mantiene la prohibición de los acuerdos entre
empresas y del abuso de posición de dominio así como del falseamiento de la libre
competencia por actos desleales, aclarándose la redacción de este último tipo. Sin
embargo, se elimina la referencia específica al abuso de dependencia económica, que ya
se encuentra regulado en la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, y puede, por tanto,
incardinarse en el falseamiento de la libre competencia por actos desleales.
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En relación con el paso al sistema de exención legal, la Ley excluye de la prohibición
aquellos acuerdos que reúnan determinados requisitos, en línea con los previstos en las
normas comunitarias. En esencia, se trata de que las prohibiciones no sean aplicables a
aquellas restricciones de la competencia proporcionales a los beneficios que generan en
términos de eficiencia en la asignación de recursos y, por tanto, de bienestar general.
El cambio de sistema se completa con la desaparición de las autorizaciones singulares
por parte de la autoridad de competencia y, por tanto, el paso a la autoevaluación por
parte de las empresas del encaje legal de sus propios acuerdos.
Con el fin de reforzar su seguridad jurídica y a pesar de que la remisión a las normas
comunitarias es consustancial a la práctica de defensa de la competencia en España, la
Ley se refiere expresamente al papel de los Reglamentos comunitarios de exención por
categorías en la aplicación de la nueva exención legal en el ámbito nacional. También se
mantiene la posibilidad de que el Gobierno apruebe este tipo de exenciones para
aquellos acuerdos que no afecten al comercio entre Estados miembros. Asimismo, se
contempla un sistema en línea con el comunitario para las declaraciones de
inaplicabilidad de las prohibiciones a una conducta concreta.
Finalmente, se extiende a todos los tipos de infracción previstos en este capítulo la
exención de las conductas que resulten de la aplicación de una norma con rango de Ley
y de las conductas «de minimis», entendidas como aquéllas que, por su menor
importancia, no son susceptibles de afectar de forma significativa a la competencia,
cuyas características se concretarán mediante el correspondiente desarrollo
reglamentario.
En cuanto al capítulo segundo, relativo a los aspectos sustantivos del control de las
concentraciones económicas, la Ley aporta novedades en tres ámbitos principales. En
primer lugar, aclara y amplía el concepto de concentración a efectos de control,
estableciendo un procedimiento «simplificado» para aquellas operaciones menos
susceptibles de afectar a la competencia. En segundo lugar, flexibiliza el régimen de
notificación obligatoria con efecto suspensivo en tanto no recaiga resolución favorable
de la Administración. Finalmente, refuerza la participación de la Comisión Nacional de
la Competencia en el control de concentraciones, limita el papel del Gobierno en el
mismo y concreta los criterios de valoración sustantiva que guiarán las decisiones de
ambos órganos.
En cuanto al concepto de concentración, la Ley centra su definición en la existencia de
un cambio estable en la estructura de control, «de iure» o «de facto», de una empresa, e
incluye todas las empresas en participación con «plenas funciones», unificando así el
tratamiento de aquéllas con carácter concentrativo y cooperativo. Además de revisarse
al alza el umbral de cuota de mercado y preverse un mecanismo para la actualización
del volumen de negocios, se introduce un sistema de notificación «simplificada» para
aquellas operaciones menos susceptibles de obstaculizar el mantenimiento de la
competencia efectiva en los mercados, con una tasa reducida.
En relación con la flexibilización del procedimiento, la Ley mantiene el régimen de
notificación obligatoria con efecto suspensivo pero prevé el posible levantamiento de la
obligación de suspender la ejecución de la concentración en cualquier momento del
procedimiento. Además, el tratamiento de las ofertas públicas de adquisición de
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acciones se alinea con el comunitario, de forma que la obligación de suspensión
únicamente afectará al ejercicio de los derechos de voto inherentes a los títulos y no a la
posibilidad de lanzar la oferta, siempre que se cumpla con los plazos de notificación
previstos en la Ley.
Por lo que respecta a los criterios de valoración sustantiva, la Ley separa claramente los
que guiarán la toma de decisiones por parte de la Comisión Nacional de la
Competencia, centrados en el mantenimiento de la competencia efectiva en los
mercados, de aquellos en que podrá basarse la intervención del Gobierno, relacionados
con la protección del interés general de la sociedad.
Así, por una parte se aclaran los elementos que valorará la Comisión Nacional de la
Competencia, con sistematización de, entre otros posibles, los que se han venido
considerando en los informes del Servicio y del Tribunal de Defensa de la Competencia
hasta el momento, y con explicitación del tratamiento de las eficiencias empresariales y
mantenimiento de la valoración de los aspectos cooperativos o de las restricciones a la
competencia accesorias a las concentraciones. Por otra parte, se indican los criterios de
valoración sustantiva que guiarán una decisión del Consejo de Ministros distinta de la
de la Comisión Nacional de la Competencia, recogiéndose una lista no exhaustiva de
criterios concretos.
El capítulo tercero se ocupa de las ayudas públicas. En este ámbito se completan las
competencias de la Comisión Nacional de la Competencia, que podrá analizar los
criterios de concesión de las ayudas desde la perspectiva de la competencia con el fin de
emitir informes y dirigir recomendaciones a los poderes públicos. Para ello, se
establecen determinadas obligaciones de información a la Comisión Nacional de la
Competencia y se prevé expresamente la posible participación complementaria de los
órganos competentes de las Comunidades Autónomas mediante la emisión de informes
con respecto a las ayudas que concedan las Administraciones autonómicas y locales en
el ámbito territorial de su competencia. Todo ello, por supuesto, sin perjuicio del
sistema de control por parte de la Comisión Europea previsto en la normativa
comunitaria.
El título segundo se ocupa del esquema institucional. El capítulo primero se refiere a los
órganos administrativos competentes para la aplicación de esta Ley, con una novedad
principal, la creación en el ámbito estatal de una institución única e independiente del
Gobierno, la Comisión Nacional de la Competencia, que integrará a los actuales
Servicio y Tribunal de Defensa de la Competencia que desaparecen. La Comisión
Nacional de la Competencia presenta una estructura piramidal centrada en la existencia
de dos órganos separados, la Dirección de Investigación y el Consejo, que realizan con
independencia sus respectivas funciones de instrucción y resolución bajo la supervisión
y coordinación del Presidente, apoyado en un conjunto de servicios comunes. En el
capítulo segundo se prevén mecanismos para la coordinación de todos los órganos
administrativos que intervienen en la aplicación de la Ley así como la coordinación con
los reguladores sectoriales, con objeto de velar por la coherencia de la política de
competencia, la eficiencia en la asignación de los recursos públicos y la seguridad
jurídica de los operadores económicos.
En última instancia, se establecen pautas para guiar las relaciones entre los distintos
órganos que, naturalmente, podrán verse complementadas por los mecanismos
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informales que puedan establecerse de cara a lograr la adecuada coordinación en el
ejercicio diario de sus respectivas competencias. Adicionalmente, se establecen
mecanismos para la cooperación con los órganos jurisdiccionales en los procesos de
aplicación de las normas de competencia.
El título tercero se refiere a la Comisión Nacional de la Competencia, órgano encargado
de aplicar esta Ley, promover y proteger el mantenimiento de una competencia efectiva
en todos los sectores productivos y en todo el territorio nacional. En este ámbito, la Ley
se estructura en dos capítulos: el primero regula los aspectos generales de la Comisión
Nacional de la Competencia y el segundo sus órganos de dirección.
En cuanto a los aspectos generales, recogidos en el capítulo primero, la Ley especifica
en primer lugar la naturaleza jurídica y régimen de funcionamiento de la nueva
Comisión Nacional de la Competencia, detallando su composición y recursos
económicos. En segundo lugar, se recogen las funciones de la nueva Comisión Nacional
de la Competencia, tanto instructoras, resolutorias y de arbitraje como consultivas y de
promoción y armonización de la defensa de la competencia en los mercados.
Finalmente, se incluye una sección sobre la transparencia y responsabilidad social de la
Comisión Nacional de la Competencia, en la que se incide en la publicidad de todas sus
actuaciones así como en la especial responsabilidad ante la sociedad por su actuación.
Por lo que se refiere al capítulo segundo, relativo a los órganos de dirección de la
Comisión Nacional de la Competencia, dos principios fundamentales rigen su diseño: la
independencia de criterio de esta institución con respecto al Gobierno y la separación
entre instrucción y resolución. Estos principios han de conjugarse además con la
necesidad de coordinar adecuadamente las actuaciones de los órganos encargados de la
instrucción y resolución, así como de asegurar la eficacia de la política de competencia
como instrumento de política económica.
Por ello, la Ley especifica el régimen de nombramiento y cese de los órganos de
dirección de la Comisión Nacional de la Competencia, orientado a garantizar su
independencia en la toma de decisiones y, al mismo tiempo, la responsabilidad ante la
sociedad por ellas.
Por otra parte, la Ley establece la independencia en el ejercicio de las funciones de
instrucción o propuesta y resolución por parte de la Dirección de Investigación y del
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia. No obstante, preserva la unidad
de actuación y coordinación de todos los servicios y órganos bajo la dirección del
Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, que cuenta con amplias
funciones, entre otras, la jefatura de todo el personal, los planes plurianuales de
inspección y presidir el Consejo de Defensa de la Competencia.
La labor de resolución del Consejo se centra en la adopción de decisiones sobre la base
de las propuestas de la Dirección de Investigación en relación con los expedientes
sancionadores o de control de concentraciones. En el ámbito de conductas restrictivas
de la competencia, el Consejo es competente tanto para acordar el archivo o
sobreseimiento de las actuaciones y resolver la terminación convencional como para
declarar la prohibición e imponer las sanciones correspondientes y acordar la
imposición de medidas cautelares.
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Por su parte, la labor instructora de la Dirección de Investigación se centra en la
incoación y tramitación de los expedientes, la elevación de propuestas al Consejo de la
Comisión Nacional de la Competencia, la elaboración de informes y la asignación de
expedientes con otros órganos.
El título cuarto regula los distintos procedimientos tanto por conductas prohibidas como
de control de concentraciones. En este ámbito, la reforma se guía por la búsqueda del
equilibrio entre los principios de seguridad jurídica y eficacia administrativa. Así, se
simplifican notablemente los procedimientos y se separa con claridad, la instrucción y la
pura resolución, con lo que se elimina la posible duplicación de actuaciones y los
recursos administrativos contra actos que pongan fin al procedimiento.
El capítulo primero recoge las disposiciones comunes a los procedimientos de
conductas restrictivas, medidas cautelares y control de concentraciones. En concreto, se
detallan las normas en cuanto a plazos máximos para las resoluciones correspondientes
a los procedimientos especiales previstos en esta Ley así como las facultades de la
Comisión Nacional de la Competencia para recabar información, realizar inspecciones y
vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley y los recursos que
proceden.
El capítulo segundo regula el procedimiento sancionador por conductas restrictivas, con
una fase de instrucción por parte de la Dirección de Investigación en la que se realizarán
todos los actos precisos para el esclarecimiento de los hechos y se garantizará la
contradicción y el derecho de defensa de los denunciados. Tras la elevación del
correspondiente informe-propuesta, el Consejo adoptará una resolución, realizadas las
actuaciones complementarias de la instrucción que considere precisas, las consultas
previstas por la normativa vigente y, en su caso, una vista. En línea con la normativa
comunitaria, la Ley introduce la posibilidad de que en dicha resolución se impongan
condiciones estructurales.
En este ámbito, cabe señalar la flexibilización del régimen de terminación convencional,
centrado en la propuesta de compromisos por parte del presunto infractor, la
negociación con la Dirección de Investigación y la elevación al Consejo de una
propuesta de resolución, siempre antes del informe-propuesta, que podrá ser adoptada
sin necesidad de contar con el acuerdo del resto de interesados del expediente.
En cuanto a las medidas cautelares, la Ley flexibiliza y agiliza el sistema para su
acuerdo, en cualquier momento del procedimiento y sin plazo máximo de duración.
El capítulo tercero se refiere al procedimiento de control de concentraciones. En este
ámbito, la Ley mantiene las dos fases del procedimiento y los reducidos plazos que
vienen caracterizando al sistema en España pero asigna la competencia para su
instrucción y resolución a la Comisión Nacional de la Competencia. En la primera fase,
que durará un máximo de un mes, se analizarán y aprobarán las operaciones que no
planteen problemas de competencia. En la segunda fase se realizará un análisis más
detallado de la operación, con participación de terceros interesados, con el fin de que el
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia adopte la resolución final.
En el procedimiento ante la Comisión Nacional de la Competencia se prevé, junto a la
imposición de condiciones, la presentación de compromisos por parte de los notificantes
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para resolver los posibles problemas de competencia derivados de la concentración así
como la posible consulta a terceros interesados sobre los mismos.
En caso de que la resolución del Consejo sea de prohibición o subordinación a
compromisos o condiciones, el Ministro de Economía y Hacienda dispondrá de un plazo
de quince días para elevar la concentración al Consejo de Ministros para su
intervención. El acuerdo final del Consejo de Ministros, debidamente motivado, que
podrá autorizar con o sin condiciones la concentración, deberá adoptarse en un plazo
máximo de un mes tras la elevación del expediente, pudiendo solicitarse informe a la
Comisión Nacional de la Competencia.
Finalmente, el título quinto recoge el régimen sancionador. En este ámbito, la Ley
supone un importante avance en seguridad jurídica por cuanto realiza una graduación de
las diversas infracciones previstas por la misma y aclara las sanciones máximas de cada
tipo, fijadas en términos de un porcentaje del volumen de ventas totales de los
infractores. Asimismo, se especifican los criterios que determinarán la multa concreta
en cada caso, en línea con las tendencias actuales en el ámbito europeo. Además, se
prevé la publicidad de todas las sanciones impuestas en aplicación de la Ley, lo que
reforzará el poder disuasorio y ejemplar de las resoluciones que se adopten.
También se introduce un procedimiento de clemencia, similar al vigente en el ámbito
comunitario, en virtud del cual se exonerará del pago de la multa a las empresas que,
habiendo formado parte de un cártel, denuncien su existencia y aporten pruebas
sustantivas para la investigación, siempre y cuando cesen en su conducta infractora y no
hayan sido los instigadores del resto de miembros del acuerdo prohibido. Igualmente, el
importe de la multa podrá reducirse para aquellas empresas que colaboren pero no
reúnan los requisitos para la exención total.
La Ley se completa con once disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias,
una derogatoria y tres disposiciones finales. En particular, mediante las Disposiciones
Adicionales se introducen modificaciones en determinadas normas jurisdiccionales y
procesales con el fin de articular adecuadamente la aplicación privada de las normas de
competencia por parte de los órganos de lo mercantil, una de las principales
aportaciones de la presente Ley.
Así, la disposición adicional primera establece, en aplicación de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, la competencia de los jueces de lo mercantil en la aplicación de los
artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, en línea con lo previsto en la
normativa comunitaria en relación con los artículos 81 y 82 del Tratado de la
Comunidad Europea. Por su parte, la disposición adicional segunda modifica la Ley de
Enjuiciamiento Civil con el fin de prever expresamente la participación de los órganos
nacionales y comunitarios de competencia como «amicus curiae» en los procedimientos
de aplicación de la normativa de competencia por parte de la jurisdicción competente
así como diversos mecanismos de información para permitir la adecuada cooperación de
los órganos administrativos con los judiciales. Finalmente, se prevé la posible
suspensión de los procedimientos judiciales en determinadas circunstancias, cuando el
juez competente considere necesario conocer el pronunciamiento administrativo para
dictar una sentencia definitiva en aplicación de las normas nacionales y comunitarias de
competencia.
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Finalmente, la disposición adicional séptima modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa, para aclarar el régimen de
recursos contra las resoluciones de los órganos nacionales y autonómicos de
competencia así como el procedimiento de autorización judicial para el caso en que
exista oposición a una inspección realizada en aplicación de la presente Ley.
TÍTULO I
De la defensa de la competencia
CAPÍTULO I
De las conductas prohibidas
Artículo 1. Conductas colusorias.
1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o
conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de
impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y, en
particular, los que consistan en:
a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones
comerciales o de servicio.
b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las
inversiones.
c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento.
d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales
para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación
desventajosa frente a otros.
e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones
suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden
relación con el objeto de tales contratos.
2. Son nulos de pleno derecho los acuerdos, decisiones y recomendaciones que, estando
prohibidos en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, no estén amparados por las
exenciones previstas en la presente Ley.
3. La prohibición del apartado 1 no se aplicará a los acuerdos, decisiones,
recomendaciones y prácticas que contribuyan a mejorar la producción o la
comercialización y distribución de bienes y servicios o a promover el progreso técnico o
económico, sin que sea necesaria decisión previa alguna a tal efecto, siempre que:
a) Permitan a los consumidores o usuarios participar de forma equitativa de sus
ventajas.
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b) No impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables
para la consecución de aquellos objetivos, y
c) No consientan a las empresas partícipes la posibilidad de eliminar la competencia
respecto de una parte sustancial de los productos o servicios contemplados.
4. La prohibición del apartado 1 no se aplicará a los acuerdos, decisiones, o
recomendaciones colectivas, o prácticas concertadas o conscientemente paralelas que
cumplan las disposiciones establecidas en los Reglamentos Comunitarios relativos a la
aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de
acuerdos, decisiones de asociaciones de empresa y prácticas concertadas, incluso
cuando las correspondientes conductas no puedan afectar al comercio entre los Estados
miembros de la UE.
5. Asimismo, el Gobierno podrá declarar mediante Real Decreto la aplicación del
apartado 3 del presente artículo a determinadas categorías de conductas, previo informe
del Consejo de Defensa de la Competencia y de la Comisión Nacional de la
Competencia.
Artículo 2. Abuso de posición dominante.
1. Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de
dominio en todo o en parte del mercado nacional.
2. El abuso podrá consistir, en particular, en:
a) La imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones
comerciales o de servicios no equitativos.
b) La limitación de la producción, la distribución o el desarrollo técnico en perjuicio
injustificado de las empresas o de los consumidores.
c) La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o de
prestación de servicios.
d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicios, de condiciones desiguales
para prestaciones equivalentes, que coloque a unos competidores en situación
desventajosa frente a otros.
e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones
suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio no guarden
relación con el objeto de dichos contratos.
3. La prohibición prevista en el presente artículo se aplicará en los casos en los que la
posición de dominio en el mercado de una o varias empresas haya sido establecida por
disposición legal.
Artículo 3. Falseamiento de la libre competencia por actos desleales.
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La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas conocerán en los términos que la presente Ley establece para
las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal que por falsear la libre
competencia afecten al interés público.
Artículo 4. Conductas exentas por ley.
1. Sin perjuicio de la eventual aplicación de las disposiciones comunitarias en materia
de defensa de la competencia, las prohibiciones del presente capítulo no se aplicarán a
las conductas que resulten de la aplicación de una ley.
2. Las prohibiciones del presente capítulo se aplicarán a las situaciones de restricción de
competencia que se deriven del ejercicio de otras potestades administrativas o sean
causadas por la actuación de los poderes públicos o las empresas públicas sin dicho
amparo legal.
Artículo 5. Conductas de menor importancia.
Las prohibiciones recogidas en los artículos 1 a 3 de la presente Ley no se aplicarán a
aquellas conductas que, por su escasa importancia, no sean capaces de afectar de
manera significativa a la competencia. Reglamentariamente se determinarán los criterios
para la delimitación de las conductas de menor importancia, atendiendo, entre otros, a la
cuota de mercado.
Artículo 6. Declaraciones de inaplicabilidad.
Cuando así lo requiera el interés público, la Comisión Nacional de la Competencia,
mediante decisión adoptada de oficio, podrá declarar, previo informe del Consejo de
Defensa de la Competencia, que el artículo 1 no es aplicable a un acuerdo, decisión o
práctica, bien porque no se reúnan las condiciones del apartado 1 o bien porque se
reúnan las condiciones del apartado 3 de dicho artículo. Dicha declaración de
inaplicabilidad podrá realizarse también con respecto al artículo 2 de esta Ley.
CAPÍTULO II
De las concentraciones económicas
Artículo 7. Definición de concentración económica.
1. A los efectos previstos en esta Ley se entenderá que se produce una concentración
económica cuando tenga lugar un cambio estable del control de la totalidad o parte de
una o varias empresas como consecuencia de:
a) La fusión de dos o más empresas anteriormente independientes, o
b) La adquisición por una empresa del control sobre la totalidad o parte de una o varias
empresas.
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c) La creación de una empresa en participación y, en general, la adquisición del control
conjunto sobre una o varias empresas, cuando éstas desempeñen de forma permanente
las funciones de una entidad económica autónoma.
2. A los efectos anteriores, el control resultará de los contratos, derechos o cualquier
otro medio que, teniendo en cuenta las circunstancias de hecho y de derecho, confieran
la posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre una empresa y, en particular,
mediante:
a) derechos de propiedad o de uso de la totalidad o de parte de los activos de una
empresa,
b) contratos, derechos o cualquier otro medio que permitan influir decisivamente sobre
la composición, las deliberaciones o las decisiones de los órganos de la empresa.
En todo caso, se considerará que ese control existe cuando se den los supuestos
previstos en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
3. No tendrán la consideración de concentración:
a) La mera redistribución de valores o activos entre empresas de un mismo grupo.
b) La tenencia con carácter temporal de participaciones que hayan adquirido en una
empresa para su reventa por parte de una entidad de crédito u otra entidad financiera o
compañía de seguros cuya actividad normal incluya la transacción y negociación de
títulos por cuenta propia o por cuenta de terceros, siempre y cuando los derechos de
voto inherentes a esas participaciones no se ejerzan con objeto de determinar el
comportamiento competitivo de dicha empresa o sólo se ejerzan con el fin de preparar la
realización de la totalidad o de parte de la empresa o de sus activos o la realización de
las participaciones, y siempre que dicha realización se produzca en el plazo de un año
desde la fecha de la adquisición. Con carácter excepcional, la Comisión Nacional de la
Competencia podrá ampliar ese plazo previa solicitud cuando dichas entidades o
sociedades justifiquen que no ha sido razonablemente posible proceder a la realización
en el plazo establecido.
c) Las operaciones realizadas por sociedades de participación financiera en el sentido
del apartado 3 del artículo 5 de la cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de
julio de 1978, que adquieran con carácter temporal participaciones en otras empresas,
siempre que los derechos de voto inherentes a las participaciones sólo sean ejercidos
para mantener el pleno valor de tales inversiones y no para determinar el
comportamiento competitivo de dichas empresas.
d) La adquisición de control por una persona en virtud de un mandato conferido por
autoridad pública con arreglo a la normativa concursal.
Artículo 8. Ámbito de aplicación.
1. El procedimiento de control previsto en la presente Ley se aplicará a las
concentraciones económicas cuando concurra al menos una de las dos circunstancias
siguientes:
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a) Que como consecuencia de la concentración se adquiera o se incremente una cuota
igual o superior al 30 por ciento del mercado relevante de producto o servicio en el
ámbito nacional o en un mercado geográfico definido dentro del mismo.
b) Que el volumen de negocios global en España del conjunto de los partícipes supere
en el último ejercicio contable la cantidad de 240 millones de euros, siempre que al
menos dos de los partícipes realicen individualmente en España un volumen de
negocios superior a 60 millones de euros.
2. Las obligaciones previstas en la presente Ley no afectan a aquellas concentraciones
de dimensión comunitaria tal como se definen en el Reglamento (CE) n.º 139/2004 del
Consejo, de 20 de enero, sobre el control de las concentraciones entre empresas, salvo
que la concentración haya sido objeto de una decisión de remisión por la Comisión
Europea a España conforme a lo establecido en el citado Reglamento.
Artículo 9. Obligación de notificación y suspensión de la ejecución.
1. Las concentraciones económicas que entren en el ámbito de aplicación del artículo
anterior deberán notificarse a la Comisión Nacional de la Competencia previamente a su
ejecución.
2. La concentración económica no podrá ejecutarse hasta que haya recaído y sea
ejecutiva la autorización expresa o tácita de la Administración en los términos previstos
en el artículo 38, salvo en caso de levantamiento de la suspensión.
3. Los apartados anteriores no impedirán realizar una oferta pública de adquisición de
acciones admitidas a negociación en una bolsa de valores autorizada por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores que sea una concentración económica sujeta a control
de acuerdo con lo previsto en la presente Ley, siempre y cuando:
a) la concentración sea notificada a la Comisión Nacional de la Competencia en el plazo
de cinco días desde que se presenta la solicitud de la autorización de la oferta a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, en caso de no haber sido notificada con
anterioridad, y
b) el comprador no ejerza los derechos de voto inherentes a los valores en cuestión o
sólo los ejerza para salvaguardar el valor íntegro de su inversión sobre la base de una
dispensa concedida por la Comisión Nacional de la Competencia.
4. Están obligados a notificar:
a) Conjuntamente las partes que intervengan en una fusión, en la creación de una
empresa en participación o en la adquisición del control conjunto sobre la totalidad o
parte de una o varias empresas.
b) Individualmente, la parte que adquiera el control exclusivo sobre la totalidad o parte
de una o varias empresas.
5. En el caso de que una concentración sujeta a control según lo previsto en la presente
Ley no hubiese sido notificada a la Comisión Nacional de la Competencia, ésta, de
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oficio, requerirá a las partes obligadas a notificar para que efectúen la correspondiente
notificación en un plazo no superior a veinte días a contar desde la recepción del
requerimiento.
No se beneficiarán del silencio positivo previsto en el artículo 38 aquellas
concentraciones notificadas a requerimiento de la Comisión Nacional de la
Competencia.
Transcurrido el plazo para notificar sin que se haya producido la notificación, la
Dirección de Investigación podrá iniciar de oficio el expediente de control de
concentraciones, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y multas coercitivas
previstas en los artículos 61 a 70.
6. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá acordar el
levantamiento de la suspensión de la ejecución de la concentración a que se refiere el
apartado 2 de este artículo, a propuesta de la Dirección de Investigación y previa
solicitud motivada.
La resolución se dictará previa ponderación, entre otros factores, del perjuicio que
causaría la suspensión de la ejecución a las empresas partícipes en la concentración y
del que la ejecución de la operación causaría a la libre competencia.
El levantamiento de la suspensión de la ejecución podrá estar subordinado al
cumplimiento de condiciones y obligaciones que garanticen la eficacia de la decisión
que finalmente se adopte.
Artículo 10. Criterios de valoración sustantiva.
1. La Comisión Nacional de la Competencia valorará las concentraciones económicas
atendiendo a la posible obstaculización del mantenimiento de una competencia efectiva
en todo o en parte del mercado nacional.
En concreto, la Comisión Nacional de la Competencia adoptará su decisión atendiendo,
entre otros, a los siguientes elementos:
a) la estructura de todos los mercados relevantes,
b) la posición en los mercados de las empresas afectadas, su fortaleza económica y
financiera,
c) la competencia real o potencial de empresas situadas dentro o fuera del territorio
nacional,
d) las posibilidades de elección de proveedores y consumidores, su acceso a las fuentes
de suministro o a los mercados,
e) la existencia de barreras para el acceso a dichos mercados,
f) la evolución de la oferta y de la demanda de los productos y servicios de que se trate,
14
g) el poder de negociación de la demanda o de la oferta y su capacidad para compensar
la posición en el mercado de las empresas afectadas,
h) las eficiencias económicas derivadas de la operación de concentración y, en
particular, la contribución que la concentración pueda aportar a la mejora de los
sistemas de producción o comercialización así como a la competitividad empresarial, y
la medida en que dichas eficiencias sean trasladadas a los consumidores intermedios y
finales, en concreto, en la forma de una mayor o mejor oferta y de menores precios.
2. En la medida en que la creación de una empresa en participación sujeta al control de
concentraciones tenga por objeto o efecto coordinar el comportamiento competitivo de
empresas que continúen siendo independientes, dicha coordinación se valorará en
función de lo establecido en los artículos 1 y 2 de la presente Ley.
3. En su caso, en la valoración de una concentración económica podrán entenderse
comprendidas determinadas restricciones a la competencia accesorias, directamente
vinculadas a la operación y necesarias para su realización.
4. El Consejo de Ministros, a efectos de lo previsto en el artículo 60 de esta Ley, podrá
valorar las concentraciones económicas atendiendo a criterios de interés general
distintos de la defensa de la competencia.
En particular, se entenderá como tales los siguientes:
a) defensa y seguridad nacional,
b) protección de la seguridad o salud públicas,
c) libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional,
d) protección del medio ambiente,
e) promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos,
f) garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial.
CAPÍTULO III
De las ayudas públicas
Artículo 11. Ayudas públicas.
1. La Comisión Nacional de la Competencia, de oficio o a instancia de las
Administraciones Públicas, podrá analizar los criterios de concesión de las ayudas
públicas en relación con sus posibles efectos sobre el mantenimiento de la competencia
efectiva en los mercados con el fin de:
a) Emitir informes con respecto a los regímenes de ayudas y las ayudas individuales.
15
b) Dirigir a las Administraciones Públicas propuestas conducentes al mantenimiento de
la competencia.
2. En todo caso, la Comisión Nacional de la Competencia emitirá un informe anual
sobre las ayudas públicas concedidas en España que tendrá carácter público en los
términos previstos en el artículo 27.3.b) de la presente Ley.
3. A los efectos de la realización de los informes y propuestas previstos en los apartados
1 y 2 de este artículo, el órgano responsable de la notificación a la Comisión Europea
deberá comunicar a la Comisión Nacional de la Competencia:
a) los proyectos de ayudas públicas incluidos en el ámbito de aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE, en el momento de su notificación a la Comisión Europea.
b) las ayudas públicas concedidas al amparo de Reglamentos comunitarios de exención,
así como los informes anuales recogidos en el artículo 21 del Reglamento (CE) n.º
659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, en el momento de su notificación a la
Comisión Europea.
La Comisión Nacional de la Competencia habilitará los mecanismos de información y
comunicación necesarios para que la información recibida esté a disposición de los
órganos de Defensa de la Competencia de las Comunidades Autónomas.
4. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Nacional de la Competencia podrá requerir
cualquier información en relación con los proyectos y las ayudas concedidas por las
Administraciones públicas y, en concreto, las disposiciones por las que se establezca
cualquier ayuda pública distinta de las contempladas en los apartados a) y b) del punto
anterior.
5. Los órganos de Defensa de la Competencia de las Comunidades Autónomas podrán
elaborar, igualmente, informes sobre las ayudas públicas concedidas por las
Administraciones autonómicas o locales en su respectivo ámbito territorial, a los efectos
previstos en el apartado 1 de este artículo. Estos informes se remitirán a la Comisión
Nacional de la Competencia a los efectos de su incorporación al informe anual. Lo
anterior se entenderá sin perjuicio de las funciones en este ámbito de la Comisión
Nacional de la Competencia.
6. Lo establecido en este artículo se entenderá sin perjuicio de los artículos 87 a 89 del
Tratado de la Comunidad Europea y del Reglamento (CE) n.º 659/1999 del Consejo, de
22 de marzo de 1999, y de las competencias de la Comisión Europea y de los órganos
jurisdiccionales comunitarios y nacionales en materia de control de ayudas públicas.
TÍTULO II
Del esquema institucional para la aplicación de esta Ley
CAPÍTULO I
De los órganos competentes para la aplicación de esta Ley
16
Artículo 12. La Comisión Nacional de la Competencia.
1. Se crea la Comisión Nacional de la Competencia como organismo público de los
previstos en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, encargado de
preservar, garantizar y promover la existencia de una competencia efectiva en los
mercados en el ámbito nacional así como de velar por la aplicación coherente de la
presente Ley mediante el ejercicio de las funciones que se le atribuyen en la misma.
2. De acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley y en la Ley 1/2002, de 21 de febrero,
de Coordinación de las Competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en
materia de Defensa de la Competencia, la Comisión Nacional de la Competencia
ejercerá sus funciones en el ámbito de todo el territorio español. Igualmente, ejercerá
sus funciones en relación con todos los mercados o sectores productivos de la
economía.
3. La Comisión Nacional de la Competencia está legitimada para impugnar ante la
jurisdicción competente actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho
Administrativo y disposiciones generales de rango inferior a la ley de los que se deriven
obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados.
Artículo 13. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
1. Los órganos de las Comunidades Autónomas competentes para la aplicación de esta
Ley ejercerán en su territorio las competencias ejecutivas correspondientes en los
procedimientos que tengan por objeto las conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de
esta Ley de acuerdo con lo dispuesto en la misma y en la Ley 1/2002, de 21 de febrero,
de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en
materia de Defensa de la Competencia.
2. Sin perjuicio de las competencias de la Comisión Nacional de la Competencia, los
órganos competentes de las Comunidades Autónomas están legitimados para impugnar
ante la jurisdicción competente actos de las Administraciones Públicas autonómicas o
locales de su territorio sujetos al Derecho Administrativo y disposiciones generales de
rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una
competencia efectiva en los mercados.
Artículo 14. El Consejo de Ministros.
El Consejo de Ministros podrá intervenir en el procedimiento de control de
concentraciones económicas de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 de la presente
Ley.
CAPÍTULO II
Mecanismos de colaboración y cooperación
Artículo 15. Coordinación de la Comisión Nacional de la Competencia con los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas.
17
1. La coordinación de la Comisión Nacional de la Competencia con los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas se llevará a cabo según lo dispuesto en la
Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las
Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia.
2. A los efectos de facilitar la cooperación con los órganos jurisdiccionales y la
coordinación con los órganos reguladores, la Comisión Nacional de la Competencia y
los órganos de defensa de la competencia de las Comunidades Autónomas habilitarán
los mecanismos de información y comunicación de actuaciones, solicitudes e informes
previstos en los artículos 16 y 17 de la presente Ley respecto de aquellos
procedimientos que hayan sido iniciados formalmente según lo previsto en la Ley
1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las competencias del Estado y las
Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia.
Artículo 16. Cooperación con los órganos jurisdiccionales.
1. La Comisión Nacional de la Competencia por propia iniciativa podrá aportar
información o presentar observaciones a los órganos jurisdiccionales sobre cuestiones
relativas a la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o
relativas a los artículos 1 y 2 de esta Ley, en los términos previstos en la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
2. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus
competencias, por propia iniciativa podrán aportar información o presentar
observaciones a los órganos jurisdiccionales sobre cuestiones relativas a la aplicación de
los artículos 1 y 2 de esta Ley, en los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
3. Los autos de admisión a trámite de las demandas y las sentencias que se pronuncien
en los procedimientos sobre la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la
Comunidad Europea o de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia se
comunicarán a la Comisión Nacional de la Competencia en los términos previstos en la
Ley de Enjuiciamiento Civil. La Comisión Nacional de la Competencia habilitará los
mecanismos de información necesarios para comunicar estas sentencias a los órganos
autonómicos.
4. La Comisión Nacional de la Competencia remitirá a la Comisión Europea una copia
del texto de las sentencias que se pronuncien sobre la aplicación de los artículos 81 y 82
del Tratado de la Comunidad Europea.
Artículo 17. Coordinación con los reguladores sectoriales.
1. La Comisión Nacional de la Competencia y los reguladores sectoriales cooperarán en
el ejercicio de sus funciones en los asuntos de interés común.
2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se trasmitirán mutuamente de
oficio o a instancia del órgano respectivo información sobre sus respectivas actuaciones
así como dictámenes no vinculantes en el marco de los procedimientos de aplicación de
la regulación sectorial y de la presente Ley. En todo caso:
18
a) Los reguladores sectoriales pondrán en conocimiento de la Comisión Nacional de la
Competencia los actos, acuerdos, prácticas o conductas de los que pudiera tener
conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones que presenten indicios de ser contrarios
a esta Ley, aportando todos los elementos de hecho a su alcance y uniendo, en su caso,
el dictamen correspondiente.
b) Asimismo, los reguladores sectoriales solicitarán informe a la Comisión Nacional de
la Competencia, antes de su adopción, sobre las circulares, instrucciones o decisiones de
carácter general en aplicación de la normativa sectorial correspondiente que puedan
incidir significativamente en las condiciones de competencia en los mercados.
c) La Comisión Nacional de la Competencia solicitará a los reguladores sectoriales la
emisión del correspondiente informe no vinculante en el marco de los expedientes de
control de concentraciones de empresas que realicen actividades en el sector de su
competencia.
d) La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas solicitarán a los reguladores sectoriales la emisión del
correspondiente informe no vinculante en el marco de los expedientes incoados por
conductas restrictivas de la competencia en aplicación de los artículos 1 a 3 de la
presente Ley.
3. Los Presidentes de la Comisión Nacional de la Competencia y de los respectivos
órganos reguladores sectoriales se reunirán al menos con periodicidad anual para
analizar las orientaciones generales que guiarán la actuación de los organismos que
presiden y, en su caso, establecer mecanismos formales e informales para la
coordinación de sus actuaciones.
Artículo 18. Colaboración de la Comisión Nacional de la Competencia con Autoridades
Nacionales de Competencia de otros Estados Miembros y la Comisión Europea.
Al objeto de aplicar los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea, la
Comisión Nacional de la Competencia podrá intercambiar con la Comisión Europea y
con las Autoridades Nacionales de Competencia de otros Estados miembros y utilizar
como medio de prueba todo elemento de hecho o de derecho, incluida la información
confidencial, en los términos previstos en la normativa comunitaria.
TÍTULO III
De la Comisión Nacional de la Competencia
CAPÍTULO I
Disposiciones comunes
Sección 1.ª Naturaleza jurídica y régimen de funcionamiento de la Comisión Nacional
de la Competencia
Artículo 19. Naturaleza y régimen jurídico.
19
1. La Comisión Nacional de la Competencia es una entidad de Derecho público con
personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, adscrita al Ministerio
de Economía y Hacienda, que ejercerá el control de eficacia sobre su actividad. La
Comisión Nacional de la Competencia actuará en el desarrollo de su actividad y para el
cumplimiento de sus fines con autonomía orgánica y funcional, plena independencia de
las Administraciones Públicas, y sometimiento a esta Ley y al resto del ordenamiento
jurídico.
2. En defecto de lo dispuesto en esta Ley y en las normas que la desarrollen, la
Comisión Nacional de la Competencia actuará en el ejercicio de sus funciones públicas
con arreglo a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, de acuerdo con lo previsto en su disposición
adicional décima, y en su propio Estatuto.
Artículo 20. Composición de la Comisión Nacional de la Competencia.
Los órganos de la Comisión Nacional de la Competencia son:
a) El Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, que ostenta las funciones
de dirección y representación de la misma y preside el Consejo.
b) El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, órgano colegiado de
resolución formado por el Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia y seis
Consejeros, uno de los cuales ostentará la vicepresidencia.
c) La Dirección de Investigación, que realiza las funciones de instrucción de
expedientes, investigación, estudio y preparación de informes de la Comisión Nacional
de la Competencia.
Artículo 21. Personal de la Comisión Nacional de la Competencia.
1. El personal al servicio de la Comisión Nacional de la Competencia será funcionario o
laboral en los términos establecidos para la Administración General de Estado, de
acuerdo con su Estatuto.
2. El Estatuto de la Comisión Nacional de la Competencia determinará los puestos de
trabajo del personal directivo en atención a la especial responsabilidad, competencia
técnica y relevancia de las tareas a ellos asignadas. El personal directivo será
preferentemente funcionario, permitiéndose la cobertura de puestos directivos en
régimen laboral mediante contratos de alta dirección, siempre que no tengan atribuido el
ejercicio de potestades públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
3. El personal que pase a prestar servicios en la Comisión Nacional de la Competencia
por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo previstos en esta Ley,
mantendrá la condición de personal funcionario o laboral, de acuerdo con la legislación
aplicable.
20
El personal funcionario de carrera se hallará en la situación de servicio activo, salvo que
les corresponda quedar en la situación de servicios especiales.
4. En los términos en que se establezca en su Estatuto, la Comisión Nacional de la
Competencia podrá igualmente contratar personal laboral temporal para la realización
de trabajos de especial contenido técnico, de acuerdo con la normativa aplicable en
materia de contratación laboral de las Administraciones Públicas.
5. La tramitación de las correspondientes convocatorias de selección y provisión de
puestos de trabajo se realizará por la Comisión Nacional de la Competencia en los
mismos términos establecidos para la Administración General del Estado.
Artículo 22. Recursos económicos de la Comisión Nacional de la Competencia.
1. La Comisión Nacional de la Competencia contará, para el cumplimiento de sus fines,
con los siguientes bienes y medios económicos:
a) Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado.
b) Los bienes y derechos que constituyan su patrimonio, así como los productos y rentas
del mismo.
c) Los ingresos obtenidos por la liquidación de tasas devengadas por la realización de
actividades de prestación de servicios derivados del ejercicio de las competencias y
funciones atribuidas por esta Ley. En particular, constituirán ingresos de la Comisión
Nacional de la Competencia las tasas que se regulan en el artículo 23 de esta Ley.
d) Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos.
2. La Comisión Nacional de la Competencia elaborará y aprobará con carácter anual un
anteproyecto de presupuesto con la estructura que señale el Ministerio de Economía y
Hacienda y lo remitirá a éste para su elevación al acuerdo del Gobierno y posterior
remisión a las Cortes Generales, integrado en los Presupuestos Generales del Estado.
3. El control económico y financiero de la Comisión Nacional de la Competencia se
efectuará con arreglo a lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, y en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
Artículo 23. Tasa por análisis y estudio de las operaciones de concentración.
1. La tasa por análisis y estudio de las operaciones de concentración se regirá por lo
dispuesto en esta Ley y por la normativa general sobre tasas. La gestión de la tasa se
llevará a cabo por la Comisión Nacional de la Competencia en los términos que se
establezcan reglamentariamente.
2. Constituye el hecho imponible de la tasa la realización del análisis de las
concentraciones sujetas a control de acuerdo con el artículo 8 de esta Ley.
21
3. Serán sujetos pasivos de la tasa las personas que resulten obligadas a notificar de
acuerdo con el artículo 9 de esta Ley.
4. El devengo de la tasa se producirá cuando el sujeto pasivo presente la notificación
prevista en el artícu-lo 9 de esta Ley. Si en el momento de la notificación se presenta la
autoliquidación sin ingreso, se procederá a su exacción por la vía de apremio, sin
perjuicio de que la Comisión Nacional de la Competencia instruya el correspondiente
expediente.
5. La cuota de la tasa será:
a) de 3.000 euros cuando el volumen de negocios global en España del conjunto de los
partícipes en la operación de concentración sea igual o inferior a 240.000.000 de euros.
b) De 6.000 euros cuando el volumen de negocios global en España de las empresas
partícipes sea superior a 240.000.000 de euros e igual o inferior a 480.000.000 de euros.
c) De 12.000 euros cuando el volumen de negocios global en España de las empresas
partícipes sea superior a 480.000.000 de euros e igual o inferior a 3.000.000.000 de
euros.
d) De una cantidad fija de 24.000 euros cuando el volumen de negocios en España del
conjunto de los partícipes sea superior a 3.000.000.000 de euros, más 6.000 euros
adicionales por cada 3.000.000.000 de euros en que el mencionado volumen de
negocios supere la cantidad anterior, hasta un límite máximo de 60.000 euros.
6. Para aquellas concentraciones notificadas a través del formulario abreviado previsto
en el artículo 56 de esta Ley, se aplicará una tasa reducida de 1.500 euros. En caso de
que la Comisión Nacional de la Competencia, conforme a lo establecido en dicho
artículo 56, decida que las partes deben presentar el formulario ordinario, éstas deberán
realizar la liquidación complementaria correspondiente.
Sección 2.ª Funciones de la Comisión Nacional de la Competencia
Artículo 24. Funciones de instrucción, resolución y arbitraje.
La Comisión Nacional de la Competencia es el órgano competente para instruir y
resolver sobre los asuntos que tiene atribuidos por esta Ley y, en particular:
a) Aplicar lo dispuesto en la presente Ley en materia de conductas restrictivas de la
competencia, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los órganos
autonómicos de Defensa de la Competencia en su ámbito respectivo y de las propias de
la jurisdicción competente.
b) Aplicar lo dispuesto en la presente Ley en materia de control de concentraciones
económicas.
c) Aplicar en España los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea y de su
Derecho derivado, sin perjuicio de las competencias que correspondan en el ámbito de
la jurisdicción competente.
22
d) Adoptar las medidas y decisiones para aplicar los mecanismos de cooperación y
asignación de expedientes con la Comisión Europea y otras autoridades nacionales de
competencia de los Estados miembros previstos en la normativa comunitaria y, en
particular, en el Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002,
relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y
82 del Tratado de la Comunidad Europea, y en el Reglamento (CE) n.º 139/2004 del
Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas
y sus normas de desarrollo.
e) Ejercer las funciones que corresponden a la Administración General del Estado en
relación con los mecanismos de coordinación previstos en la Ley 1/2002, de 21 de
febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas
en materia de defensa de la competencia.
f) Realizar las funciones de arbitraje, sin perjuicio de las competencias que
correspondan a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en sus
ámbitos respectivos, tanto de derecho como de equidad, que le sean sometidas por los
operadores económicos en aplicación de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de
Arbitraje, así como aquéllas que le encomienden las leyes.
Artículo 25. Competencias consultivas.
La Comisión Nacional de la Competencia actuará como órgano consultivo sobre
cuestiones relativas a la defensa de la competencia. En particular, podrá ser consultada
en materia de competencia por las Cámaras Legislativas, el Gobierno, los distintos
Departamentos ministeriales, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales,
los Colegios profesionales, las Cámaras de Comercio y las organizaciones empresariales
o de consumidores y usuarios. En todo caso, la Comisión Nacional de la Competencia
dictaminará sobre:
a) Proyectos y proposiciones de normas que afecten a la competencia y, en particular,
aquéllos por los que se modifique o derogue, total o parcialmente, el presente texto legal
o la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las
Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia, así como los
proyectos de normas reglamentarias que las desarrollen.
b) Proyectos de apertura de grandes establecimientos comerciales, según establece la
Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del comercio minorista, cuando su
instalación en la zona de que se trate pueda alterar la libre competencia en un ámbito
supraautonómico o en el conjunto del mercado nacional, poniendo de manifiesto la
repercusión de los Proyectos de apertura para la defensa de la competencia.
c) Criterios para la cuantificación de las indemnizaciones que los autores de las
conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la presente Ley deban satisfacer a los
denunciantes y a terceros que hubiesen resultado perjudicados como consecuencia de
aquéllas, cuando le sea requerido por el órgano judicial competente.
d) Todas las cuestiones a que se refiere el artículo 16 de esta Ley y el Reglamento (CE)
n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las
normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado de la
23
Comunidad Europea en cuanto a los mecanismos de cooperación con los órganos
jurisdiccionales nacionales.
e) Cualesquiera otras cuestiones sobre las que deba informar la Comisión Nacional de la
Competencia de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.
Artículo 26. Otras funciones de la Comisión Nacional de la Competencia.
1. La Comisión Nacional de la Competencia promoverá la existencia de una
competencia efectiva en los mercados, en particular, mediante las siguientes
actuaciones:
a) promover y realizar estudios y trabajos de investigación en materia de competencia,
b) realizar informes generales sobre sectores, en su caso, con propuestas de
liberalización, desregulación o modificación normativa,
c) realizar informes, en su caso con carácter periódico, sobre la actuación del sector
público y, en concreto, sobre las situaciones de obstaculización del mantenimiento de la
competencia efectiva en los mercados que resulten de la aplicación de normas legales,
d) realizar informes generales o puntuales sobre el impacto de las ayudas públicas sobre
la competencia efectiva en los mercados,
e) dirigir a las Administraciones Públicas propuestas para la modificación o supresión
de las restricciones a la competencia efectiva derivadas de su actuación, así como, en su
caso, las demás medidas conducentes al mantenimiento o al restablecimiento de la
competencia en los mercados,
f) proponer al Ministro de Economía y Hacienda, para su elevación, en su caso, al
Consejo de Ministros, las directrices de política de defensa de la competencia en el
marco de la política económica de aquél y, en particular, las propuestas de elaboración y
reforma normativa correspondientes.
2. La Comisión Nacional de la Competencia velará por la aplicación coherente de la
normativa de competencia en el ámbito nacional, en particular mediante la coordinación
de las actuaciones de los reguladores sectoriales y de los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas y la cooperación con los órganos jurisdiccionales
competentes.
3. La Comisión Nacional de la Competencia será el órgano de apoyo del Ministerio de
Economía y Hacienda en la representación de España en el ámbito internacional en
materia de competencia.
Sección 3.ª Transparencia y responsabilidad social de la Comisión Nacional de la
Competencia
Artículo 27. Publicidad de las actuaciones de la Comisión Nacional de la Competencia.
24
1. La Comisión Nacional de la Competencia hará públicas todas las resoluciones y
acuerdos que se dicten en aplicación de esta Ley y, en particular:
a) Las resoluciones que pongan fin al procedimiento en expedientes sancionadores.
b) Las resoluciones que acuerden la imposición de medidas cautelares.
c) Las resoluciones que pongan fin a la primera y segunda fase en expedientes de
control de concentraciones.
2. Será público el hecho de la iniciación de un expediente de control de concentraciones.
3. La Comisión Nacional de la Competencia hará públicos los informes que elabore en
aplicación de esta Ley. En particular:
a) Los informes elaborados en el procedimiento de control de concentraciones, una vez
adoptadas por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia las resoluciones
correspondientes a primera y segunda fase.
b) Los informes anuales sobre ayudas públicas, tras su envío al Ministerio de Economía
y Hacienda y a la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados y
los informes realizados, bien de oficio o a instancia de parte, sobre los criterios de
concesión de las ayudas públicas, después de su comunicación a los órganos de las
Administraciones Públicas correspondientes.
c) Los informes elaborados sobre proyectos normativos o actuaciones del sector
público, después de su remisión al Ministerio de Economía y Hacienda y al órgano de
las Administraciones Públicas correspondiente.
d) Los informes elaborados sobre la estructura competitiva de mercados o sectores
productivos.
4. Las resoluciones, acuerdos e informes se harán públicos por medios informáticos y
telemáticos una vez notificados a los interesados, tras resolver, en su caso, sobre los
aspectos confidenciales de su contenido y previa disociación de los datos de carácter
personal a los que se refiere el artículo 3.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, salvo en lo que se refiere al
nombre de los infractores.
Artículo 28. Control parlamentario de la Comisión Nacional de la Competencia.
1. La Comisión Nacional de la Competencia hará pública su memoria anual de
actuaciones, que enviará al Ministro de Economía y Hacienda y a la Comisión de
Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados.
2. El Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia deberá comparecer con
periodicidad al menos anual ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de
los Diputados para exponer las líneas básicas de su actuación y sus planes y prioridades
para el futuro. Igualmente, el Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia
25
enviará al Ministro de Economía y Hacienda con carácter anual una programación de
sus actividades.
3. La Comisión Nacional de la Competencia enviará al Ministro de Economía y
Hacienda y a la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados sus
informes anuales sobre la situación competitiva de los mercados y sobre la actuación del
sector público así como los informes sectoriales que apruebe en aplicación de lo
previsto en el artículo 26 de la presente Ley.
4. El Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia y, en su caso, los
miembros de ésta, comparecerán ante las Cámaras y sus Comisiones a petición de las
mismas en los términos establecidos en sus respectivos Reglamentos.
CAPÍTULO II
De los órganos de dirección de la Comisión Nacional de la Competencia
Sección 1.ª Disposiciones Comunes
Artículo 29. Nombramiento y mandato de los órganos directivos de la Comisión
Nacional de la Competencia.
1. El Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, que lo será también del
Consejo, será nombrado por el Gobierno mediante Real Decreto a propuesta del
Ministro de Economía y Hacienda, entre juristas, economistas y otros profesionales de
reconocido prestigio, previa comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda
del Congreso, que versará sobre la capacidad y conocimientos técnicos del candidato
propuesto.
2. Los Consejeros serán nombrados por el Gobierno mediante Real Decreto a propuesta
del Ministro de Economía y Hacienda entre juristas, economistas y otros profesionales
de reconocido prestigio, previa comparecencia ante la Comisión de Economía y
Hacienda del Congreso de los Diputados, que versará sobre la capacidad y
conocimientos técnicos del candidato propuesto. El Consejo elegirá, entre los
Consejeros, un Vicepresidente.
3. El mandato del Presidente y los Consejeros será de seis años sin posibilidad de
renovación.
4. El Director de Investigación es nombrado por el Gobierno mediante Real Decreto, a
propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, previa aprobación por mayoría simple
del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.
Artículo 30. Causas de cese en el ejercicio del cargo.
1. El Presidente y los Consejeros de la Comisión Nacional de la Competencia cesarán
en su cargo:
a) Por renuncia.
26
b) Por expiración del término de su mandato.
c) Por incompatibilidad sobrevenida.
d) Por haber sido condenado por delito doloso.
e) Por incapacidad permanente.
f) Mediante separación acordada por el Gobierno por incumplimiento grave de los
deberes de su cargo, a propuesta de tres quintas partes del Consejo de la Comisión
Nacional de la Competencia.
2. El Director de Investigación cesará en su cargo mediante Real Decreto, a propuesta
del Ministerio de Economía y Hacienda, previa aprobación por mayoría simple del
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.
Artículo 31. Incompatibilidades.
1. El Presidente, los Consejeros y el Director de Investigación de la Comisión Nacional
de la Competencia, en su condición de altos cargos de la Administración General del
Estado, ejercerán su función con dedicación absoluta y estarán sometidos al régimen de
incompatibilidad de actividades establecido con carácter general para los altos cargos de
la Administración General del Estado en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de
los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado y en sus disposiciones de desarrollo, así como en el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005, por el que se aprueba el
Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado.
2. Al cesar en su cargo y durante los dos años posteriores, el Presidente y los Consejeros
de la Comisión Nacional de la Competencia no podrán ejercer actividad profesional
alguna relacionada con la actividad de esta Comisión. En virtud de esta limitación, al
cesar en su cargo por renuncia, expiración del término de su mandato o incapacidad
permanente para el ejercicio de sus funciones, el Presidente y los Consejeros tendrán
derecho a percibir a partir del mes siguiente a aquel en que se produzca su cese y
durante un plazo igual al que hubiera desempeñado su cargo con el límite máximo de
dos años una compensación económica mensual igual a la doceava parte del 80 por
ciento del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el Presupuesto en vigor
durante el plazo indicado.
No habrá lugar a la percepción de dicha compensación en caso de desempeño, de forma
remunerada, de cualquier puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público o
privado.
Sección 2.ª Del Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia
Artículo 32. Funciones del Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia.
Corresponde al Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia:
27
a) Ostentar la representación legal del organismo.
b) Vigilar el desarrollo de las actividades del organismo, velando por el cumplimiento
de esta Ley y sus normas de desarrollo.
c) Mantener el buen orden y gobierno de los órganos de la Comisión Nacional de la
Competencia.
d) Impulsar la actuación inspectora de la Comisión Nacional de la Competencia y la
elaboración de planes anuales o plurianuales de actuación en los que se definan
objetivos y prioridades.
e) La dirección, coordinación, evaluación y supervisión de los órganos de la Comisión
Nacional de la Competencia, en particular, la coordinación del Consejo con la Dirección
de Investigación y la dirección de los servicios comunes, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Director de Investigación en el artículo 35.
f) Dar cuenta al Ministro de Economía y Hacienda de las vacantes que se produzcan en
el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.
g) Ejercer funciones de jefatura en relación con el personal de la Comisión Nacional de
la Competencia, de acuerdo con las competencias atribuidas por la legislación específica
y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Director de Investigación en el artículo
35.
h) Aprobar los gastos y ordenar los pagos de la Comisión Nacional de la Competencia,
salvo los casos reservados a la competencia del Gobierno, y efectuar la rendición de
cuentas del organismo de conformidad con lo previsto en la Ley General Presupuestaria.
i) Ser órgano de contratación de la Comisión Nacional de la Competencia.
j) Presidir el Consejo de Defensa de la Competencia.
k) Resolver las reclamaciones previas a la vía judicial civil o laboral, así como las de
responsabilidad patrimonial formuladas contra la Comisión Nacional de la
Competencia.
l) Resolver las cuestiones no asignadas al Consejo o a la Dirección de Investigación.
Sección 3.ª Del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia
Artículo 33. Composición y funcionamiento del Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia.
1. Son miembros del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia el Presidente
de la Comisión Nacional de la Competencia, que preside el Consejo, y seis Consejeros.
2. Corresponde al Presidente del Consejo el ejercicio de las siguientes funciones:
28
a) Ejercer, en general, las competencias que a los presidentes de los órganos colegiados
administrativos atribuye la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
b) Convocar al Consejo por propia iniciativa o a petición de, al menos, la mitad de los
Consejeros, y presidirlo.
c) Establecer el criterio de distribución de asuntos entre los Consejeros.
3. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia se entiende válidamente
constituido con la asistencia del Presidente y tres Consejeros.
4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes. En caso de empate
decidirá el voto de calidad del Presidente.
5. El Consejo nombrará un Secretario, a propuesta del Presidente del Consejo, que
realizará las funciones previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
6. El Estatuto de la Comisión Nacional de la Competencia regulará el funcionamiento
del Consejo y, en particular, el régimen de convocatoria y sesiones, de acuerdo con lo
establecido en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en el capítulo IV del título II de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Artículo 34. Funciones del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.
El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia es el órgano de decisión en
relación con las funciones resolutorias, consultivas y de promoción de la competencia
previstas en la presente Ley. En particular, es el órgano competente para:
1. A propuesta de la Dirección de Investigación:
a) Resolver y dictaminar en los asuntos que la Comisión Nacional de la Competencia
tiene atribuidos por esta Ley y, en particular, en los previstos en los artículos 24 a 26 de
esta Ley.
b) Resolver los procedimientos sancionadores previstos en esta Ley y sus normas de
desarrollo.
c) Solicitar o acordar el envío de expedientes de control de concentraciones que entren
en el ámbito de aplicación de la presente Ley a la Comisión Europea según lo previsto
en los artículos 9 y 22 del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero
de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas.
d) Acordar el levantamiento de la obligación de suspensión de la ejecución de una
concentración económica de conformidad con el artículo 9.6 de la presente Ley.
29
e) Resolver sobre el cumplimiento de las resoluciones y decisiones en materia de
conductas prohibidas y de concentraciones.
2. Adoptar las comunicaciones previstas en la Disposición Adicional Tercera y las
declaraciones de inaplicabilidad previstas en el artículo 6.
3. Interesar la instrucción de expedientes por la Dirección de Investigación.
4. Acordar la impugnación de los actos y disposiciones a los que se refiere el artículo
12.3 de esta Ley.
5. Elaborar, en su caso, su reglamento de régimen interior, en el cual se establecerá su
funcionamiento administrativo y la organización de sus servicios.
6. Elegir de entre sus miembros al Vicepresidente.
7. Resolver sobre las recusaciones, incompatibilidades y correcciones disciplinarias y
apreciar la incapacidad y el incumplimiento grave de sus funciones por el Presidente,
Vicepresidente y Consejeros.
8. Nombrar y acordar el cese del Secretario, a propuesta del Presidente del Consejo.
9. Aprobar el anteproyecto de presupuestos del organismo.
10. Elaborar la memoria anual del organismo así como los planes anuales o plurianuales
de actuación en los que se definan objetivos y prioridades.
Sección 4.ª De la Dirección de Investigación
Artículo 35. Estructura y funciones de la Dirección de Investigación.
1. La Dirección de Investigación es el órgano de la Comisión Nacional de la
Competencia encargado de la instrucción de los expedientes previstos en la presente
Ley.
2. Son funciones de la Dirección de Investigación:
a) Instruir y elevar la correspondiente propuesta de resolución en los expedientes sobre
los que deba resolver el Consejo en aplicación de la presente Ley.
b) Resolver sobre las cuestiones incidentales que puedan suscitarse en el marco de la
instrucción de expedientes.
c) Vigilar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones dispuestas en la presente Ley
y sus normas de desarrollo así como de las resoluciones y acuerdos realizados en
aplicación de la misma, tanto en materia de conductas restrictivas como de control de
concentraciones.
30
d) Aplicar los mecanismos de designación de órgano competente, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del
Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia.
e) Aplicar los mecanismos de reenvío de expedientes entre la Comisión Nacional de la
Competencia y la Comisión Europea según lo previsto en el artículo 4 del Reglamento
(CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las
concentraciones entre empresas.
f) Requerir de oficio la notificación de una concentración de acuerdo con lo previsto en
el artículo 9.5.
g) Requerir el formulario ordinario de notificación de conformidad con el artículo 56.2.
3. Corresponde al Director de Investigación:
a) Ostentar la jefatura y representación de la Dirección, pudiendo ejercer todas las
competencias que la presente Ley y sus normas de desarrollo atribuyen a la misma.
b) Acordar el nombramiento y cese del personal de la Dirección, de acuerdo con las
competencias atribuidas por la legislación específica, previa consulta al Presidente de la
Comisión Nacional de la Competencia.
TÍTULO IV
De los procedimientos
CAPÍTULO I
Disposiciones comunes
Sección 1.ª Plazos de los procedimientos
Artículo 36. Plazo máximo de los procedimientos.
1. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que ponga fin al procedimiento
sancionador por conductas restrictivas de la competencia será de dieciocho meses a
contar desde la fecha del acuerdo de incoación del mismo y su distribución entre las
fases de instrucción y resolución se fijará reglamentariamente.
2. El plazo máximo para dictar y notificar las resoluciones del Consejo de la Comisión
Nacional de la Competencia en el procedimiento de control de concentraciones será:
a) de un mes en la primera fase, según lo previsto en el artículo 57 de esta Ley, a contar
desde la recepción en forma de la notificación por la Comisión Nacional de la
Competencia,
b) de dos meses en la segunda fase, según lo previsto en el artículo 58 de esta Ley, a
contar desde la fecha en que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia
acuerda la apertura de la segunda fase.
31
3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del Ministro de Economía y
Hacienda sobre la intervención del Consejo de Ministros según lo dispuesto en el
artículo 60 de esta Ley será de 15 días, contados desde la recepción de la
correspondiente resolución dictada en segunda fase por el Consejo de la Comisión
Nacional de la Competencia.
4. El plazo máximo para adoptar y notificar un Acuerdo del Consejo de Ministros en el
procedimiento de control de concentraciones será de un mes, contado desde la
resolución del Ministro de Economía y Hacienda de elevar la operación al Consejo de
Ministros.
5. El plazo máximo para que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia
dicte y notifique la resolución sobre el recurso previsto en el artículo 47 de esta Ley
contra las resoluciones y actos de la Dirección de Investigación será de tres meses.
6. El plazo máximo para que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia
dicte y notifique la resolución relativa a la adopción de medidas cautelares a instancia
de parte prevista en el artículo 54 de esta Ley será de tres meses. Cuando la solicitud de
medidas cautelares se presente antes de la incoación del expediente, el plazo máximo de
tres meses comenzará a computarse desde la fecha del acuerdo de incoación.
7. El plazo máximo para que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia
dicte y notifique la resolución sobre la adopción de medidas en el ámbito de los
expedientes de vigilancia de obligaciones, resoluciones o acuerdos prevista en el
artículo 41 será de tres meses desde la correspondiente propuesta de la Dirección de
Investigación.
Artículo 37. Supuestos de ampliación de los plazos y suspensión de su cómputo.
1. El transcurso de los plazos máximos previstos legalmente para resolver un
procedimiento se podrá suspender, mediante resolución motivada, en los siguientes
casos:
a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias, la
aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios.
b) Cuando deba solicitarse a terceros o a otros órganos de las Administraciones Públicas
la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios.
c) Cuando sea necesaria la cooperación y la coordinación con la Unión Europea o con
las Autoridades Nacionales de Competencia de otros países.
d) Cuando se interponga el recurso administrativo previsto en el artículo 47 o se
interponga recurso contencioso-administrativo.
e) Cuando el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia acuerde la práctica de
pruebas o de actuaciones complementarias de acuerdo con lo previsto en el artículo 51.
32
f) Cuando se produzca un cambio en la calificación jurídica de la cuestión sometida al
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, en los términos establecidos en el
artículo 51.
g) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un acuerdo de
terminación convencional en los términos establecidos en el artículo 52.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, se acordará la suspensión del
plazo máximo para resolver los procedimientos:
a) Cuando la Comisión Europea haya incoado un procedimiento de aplicación de los
artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea en relación con los mismos
hechos. La suspensión se levantará cuando la Comisión Europea adopte la
correspondiente decisión.
b) Cuando la Comisión Nacional de la Competencia requiera a los notificantes para la
subsanación de deficiencias, la aportación de documentos y otros elementos de juicio
necesarios para la resolución del expediente de control de concentraciones, según lo
previsto en los apartados 4 y 5 del artículo 55 de la presente Ley.
c) Cuando se informe a la Comisión Europea en el marco de lo previsto en el artículo
11.4 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo
a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del
Tratado con respecto a una propuesta de resolución en aplicación de los artículos 81 y
82 del Tratado de la Comunidad Europea.
d) Cuando se solicite el informe de los reguladores sectoriales de acuerdo con lo
establecido en el artícu-lo 17.2.c) y d) de esta Ley. Este plazo de suspensión no podrá
exceder en ningún caso de tres meses.
3. La suspensión de los plazos máximos de resolución no suspenderá necesariamente la
tramitación del procedimiento.
4. Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución
mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes. En el caso de acordarse la
ampliación del plazo máximo, ésta no podrá ser superior al establecido para la
tramitación del procedimiento.
5. Contra el acuerdo que resuelva sobre la suspensión o sobre la ampliación de plazos,
que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno en vía
administrativa.
Artículo 38. Efectos del silencio administrativo.
1. El transcurso del plazo máximo de dieciocho meses establecido en el apartado
primero del artículo 36 para resolver el procedimiento sancionador en materia de
acuerdos y prácticas prohibidas determinará la caducidad del procedimiento.
2. El transcurso del plazo máximo establecido en el artículo 36.2.a) de esta Ley para la
resolución en primera fase de control de concentraciones determinará la estimación de
33
la correspondiente solicitud por silencio administrativo, salvo en los casos previstos en
los artículos 9.5, 55.5 y 57.2.d) de la presente Ley.
3. El transcurso del plazo máximo establecido en el artículo 36.2.b) de esta Ley para la
resolución en segunda fase de control de concentraciones determinará la autorización de
la concentración por silencio administrativo, salvo en los casos previstos en los artículos
9.5, 55.5 y 57.2.d) de la presente Ley.
4. El transcurso de los plazos previstos en el artícu-lo 36.3 y 4 de esta Ley para la
resolución del Ministro de Economía y Hacienda sobre la intervención del Consejo de
Ministros y, en su caso, para la adopción del correspondiente acuerdo de este último,
determinará, de conformidad con lo previsto en el artículo 60.4 de esta Ley, la
inmediata ejecutividad de la correspondiente resolución del Consejo de la Comisión
Nacional de la Competencia.
5. El transcurso del plazo previsto en el artículo 36.5 de esta Ley para que el Consejo de
la Comisión Nacional de la Competencia resuelva los recursos contra resoluciones y
actos de la Dirección de Investigación determinará su desestimación por silencio
administrativo.
6. El transcurso de los plazos previstos en el artícu-lo 36.6 y 7 de esta Ley para que el
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia resuelva en cuanto a adopción de
medidas cautelares o en el marco de expedientes de vigilancia determinará su
desestimación por silencio administrativo.
Sección 2.ª Facultades de la Comisión Nacional de la Competencia
Artículo 39. Deberes de colaboración e información.
1. Toda persona física o jurídica y los órganos y organismos de cualquier
Administración Pública quedan sujetos al deber de colaboración con la Comisión
Nacional de la Competencia y están obligados a proporcionar, a requerimiento de ésta y
en plazo, toda clase de datos e informaciones de que dispongan y que puedan resultar
necesarias para la aplicación de esta Ley. Dicho plazo será de 10 días, salvo que por la
naturaleza de lo solicitado o las circunstancias del caso se fije de forma motivada un
plazo diferente.
2. La colaboración, a instancia propia o a instancias de la Comisión Nacional de la
Competencia, no implicará la condición de interesado en el correspondiente
procedimiento.
Artículo 40. Facultades de inspección.
1. El personal de la Comisión Nacional de la Competencia debidamente autorizado por
el Director de Investigación tendrá la condición de agente de la autoridad y podrá
realizar cuantas inspecciones sean necesarias en las empresas y asociaciones de empresa
para la debida aplicación de esta Ley.
2. El personal habilitado a tal fin tendrá las siguientes facultades de inspección:
34
a) acceder a cualquier local, terreno y medio de transporte de las empresas y
asociaciones de empresas y al domicilio particular de los empresarios, administradores y
otros miembros del personal de las empresas,
b) verificar los libros y otros documentos relativos a la actividad empresarial, cualquiera
que sea su soporte material,
c) hacer u obtener copias o extractos, en cualquier formato, de dichos libros o
documentos,
d) retener por un plazo máximo de 10 días los libros o documentos mencionados en la
letra b),
e) precintar todos los locales, libros o documentos y demás bienes de la empresa durante
el tiempo y en la medida en que sea necesario para la inspección,
f) solicitar a cualquier representante o miembro del personal de la empresa o de la
asociación de empresas explicaciones sobre hechos o documentos relacionados con el
objeto y la finalidad de la inspección y guardar constancia de sus respuestas.
El ejercicio de las facultades descritas en las letras a) y e) requerirá el previo
consentimiento expreso del afectado o, en su defecto, la correspondiente autorización
judicial.
3. Las empresas y asociaciones de empresas están obligadas a someterse a las
inspecciones que el Director de Investigación haya autorizado.
4. Si la empresa o asociación de empresas se opusieran a una inspección ordenada por el
Director de Investigación o existiese el riesgo de tal oposición, éste deberá solicitar la
correspondiente autorización judicial cuando la misma implique restricción de derechos
fundamentales al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que resolverá en el plazo
máximo de 48 horas. Las autoridades públicas prestarán la protección y el auxilio
necesario al personal de la Comisión Nacional de la Competencia para el ejercicio de las
funciones de inspección.
5. Los datos e informaciones obtenidos sólo podrán ser utilizados para las finalidades
previstas en esta Ley.
Artículo 41. Vigilancia del cumplimiento de las obligaciones, resoluciones y acuerdos.
1. La Comisión Nacional de la Competencia vigilará la ejecución y el cumplimiento de
las obligaciones previstas en la presente Ley y sus normas de desarrollo así como de las
resoluciones y acuerdos que se adopten en aplicación de la misma, tanto en materia de
conductas restrictivas como de medidas cautelares y de control de concentraciones.
La vigilancia se llevará a cabo en los términos que se establezcan reglamentariamente y
en la propia resolución de la Comisión Nacional de la Competencia o acuerdo de
Consejo de Ministros que ponga fin al procedimiento.
35
La Comisión Nacional de la Competencia podrá solicitar la cooperación de los órganos
autonómicos de defensa de la competencia y de los reguladores sectoriales en la
vigilancia y cumplimiento de las obligaciones, resoluciones y acuerdos.
2. En caso de incumplimiento de obligaciones, resoluciones o acuerdos de la Comisión
Nacional de la Competencia, el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia
resolverá, a propuesta de la Dirección de Investigación, sobre la imposición de multas
sancionadoras y coercitivas, sobre la adopción de otras medidas de ejecución forzosa
previstas en el ordenamiento y, en su caso, sobre la desconcentración.
Sección 3.ª Principios generales del procedimiento
Artículo 42. Tratamiento de la información confidencial.
En cualquier momento del procedimiento, se podrá ordenar, de oficio o a instancia de
parte, que se mantengan secretos los datos o documentos que consideren confidenciales,
formando con ellos pieza separada, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18 de la
presente Ley y en el Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de
2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos
81 y 82 del Tratado.
En todo caso, se formará pieza separada especial de carácter confidencial con la
información remitida por la Comisión Europea en respuesta a la remisión del borrador
de resolución de la Comisión Nacional de la Competencia previsto en el artículo 11.4
del Reglamento 1/2003.
Artículo 43. Deber de secreto.
1. Todos los que tomen parte en la tramitación de expedientes previstos en esta Ley o
que conozcan tales expedientes por razón de profesión, cargo o intervención como
parte, deberán guardar secreto sobre los hechos de que hayan tenido conocimiento a
través de ellos y de cuantas informaciones de naturaleza confidencial hayan tenido
conocimiento en el ejercicio de sus cargos, incluso después de cesar en sus funciones.
2. Sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que pudieran corresponder, la
violación del deber de secreto se considerará siempre falta disciplinaria muy grave.
Artículo 44. Archivo de las actuaciones.
La Comisión Nacional de la Competencia podrá no iniciar un procedimiento o acordar
el archivo de las actuaciones o expedientes incoados por falta o pérdida de competencia
o de objeto. En particular, se considerará que concurre alguna de estas circunstancias en
los siguientes casos:
a) Cuando la Comisión Nacional de la Competencia no sea competente para enjuiciar
las conductas detectadas o denunciadas en aplicación del Reglamento (CE) n.º 1/2003
del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre
competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea, o
se den las circunstancias previstas en el mismo para la desestimación de denuncias.
36
b) Cuando la operación notificada no sea una concentración sujeta al procedimiento de
control por la Comisión Nacional de la Competencia previsto en la presente Ley.
c) Cuando la concentración notificada sea remitida a la Comisión Europea en aplicación
del artículo 22 del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004,
sobre el control de las concentraciones entre empresas.
d) Cuando las partes de una concentración desistan de su solicitud de autorización o la
Comisión Nacional de la Competencia tenga información fehaciente de que no tienen
intención de realizarla.
Artículo 45. Supletoriedad de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los procedimientos administrativos en materia de defensa de la competencia se regirán
por lo dispuesto en esta ley y su normativa de desarrollo y, supletoriamente, por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 70
de esta Ley.
Artículo 46. Prejudicialidad del proceso penal.
La existencia de una cuestión prejudicial penal de la que no pueda prescindirse para
dictar la resolución o que condicione directamente el contenido de ésta determinará la
suspensión del procedimiento mientras aquélla no sea resuelta por los órganos penales a
quien corresponda.
Sección 4.ª De los recursos
Artículo 47. Recurso administrativo contra las resoluciones y actos dictados por la
Dirección de Investigación.
1. Las resoluciones y actos de la Dirección de Investigación que produzcan indefensión
o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos serán recurribles ante el Consejo
de la Comisión Nacional de la Competencia en el plazo de diez días.
2. El Consejo inadmitirá sin más trámite los recursos interpuestos fuera de plazo.
3. Recibido el recurso, el Consejo pondrá de manifiesto el expediente para que las partes
formulen alegaciones en el plazo de quince días.
Artículo 48. Recursos contra las resoluciones y actos dictados por el Presidente y por el
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.
1. Contra las resoluciones y actos del Presidente y del Consejo de la Comisión Nacional
de la Competencia no cabe ningún recurso en vía administrativa y sólo podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo en los términos previstos en la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
37
2. En los supuestos previstos en el apartado 6 del artículo 58 de esta Ley, el plazo para
interponer el recurso contencioso-administrativo se contará a partir del día siguiente al
de la notificación de la resolución del Ministro de Economía y Hacienda o del Acuerdo
de Consejo de Ministros o del transcurso de los plazos establecidos en los apartados 3 ó
4 del artículo 36 de esta Ley, una vez que la resolución del Consejo de la Comisión
Nacional de la Competencia sea eficaz, ejecutiva y haya puesto fin a la vía
administrativa.
CAPÍTULO II
Del procedimiento sancionador en materia de conductas prohibidas
Sección 1.ª De la instrucción del procedimiento
Artículo 49. Iniciación del procedimiento.
1. El procedimiento se inicia de oficio por la Dirección de Investigación, ya sea a
iniciativa propia o del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia o bien por
denuncia. Cualquier persona física o jurídica, interesada o no, podrá formular denuncia
de las conductas reguladas por esta Ley, con el contenido que se determinará
reglamentariamente. La Dirección de Investigación incoará expediente cuando se
observen indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas y notificará a los
interesados el acuerdo de incoación.
2. Ante la noticia de la posible existencia de una infracción, la Dirección de
Investigación podrá realizar una información reservada, incluso con investigación
domiciliaria de las empresas implicadas, con el fin de determinar con carácter
preliminar si concurren las circunstancias que justifiquen la incoación del expediente
sancionador.
3. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, a propuesta de la Dirección
de Investigación, podrá acordar no incoar los procedimientos derivados de la presunta
realización de las conductas prohibidas por los artículos 1, 2 y 3 de esta Ley y el archivo
de las actuaciones cuando considere que no hay indicios de infracción de la Ley.
Artículo 50. Instrucción del expediente sancionador.
1. La Dirección de Investigación, una vez incoado el expediente, practicará los actos de
instrucción necesarios para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de
responsabilidades.
2. La empresa o asociación de empresas que invoque el amparo de lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 1 de esta Ley deberá aportar la prueba de que se cumplen las
condiciones previstas en dicho apartado.
3. Los hechos que puedan ser constitutivos de infracción se recogerán en un pliego de
concreción de hechos que se notificará a los interesados para que, en un plazo de quince
días, puedan contestarlo y, en su caso, proponer las pruebas que consideren pertinentes.
38
4. Practicados los actos de instrucción necesarios, la Dirección de Investigación
formulará propuesta de resolución que será notificada a los interesados para que, en el
plazo de quince días, formulen las alegaciones que tengan por convenientes.
5. Una vez instruido el expediente, la Dirección de Investigación lo remitirá al Consejo
de la Comisión Nacional de la Competencia, acompañándolo de un informe en el que se
incluirá la propuesta de resolución, así como, en los casos en los que proceda, propuesta
relativa a la exención o a la reducción de multa, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 65 y 66 de esta Ley.
Sección 2.ª De la resolución del procedimiento sancionador
Artículo 51. Procedimiento de resolución ante el Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia.
1. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá ordenar, de oficio o a
instancia de algún interesado, la práctica de pruebas distintas de las ya practicadas ante
la Dirección de Investigación en la fase de instrucción así como la realización de
actuaciones complementarias con el fin de aclarar cuestiones precisas para la formación
de su juicio. El acuerdo de práctica de pruebas y de realización de actuaciones
complementarias se notificará a los interesados, concediéndose un plazo de siete días
para formular las alegaciones que tengan por pertinentes. Dicho acuerdo fijará, siempre
que sea posible, el plazo para su realización.
2. La Dirección de Investigación practicará aquellas pruebas y actuaciones
complementarias que le sean ordenadas por el Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia.
3. A propuesta de los interesados, el Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia podrá acordar la celebración de vista.
4. Cuando el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia estime que la
cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido calificada debidamente en la
propuesta de la Dirección de Investigación, someterá la nueva calificación a los
interesados y a ésta para que en el plazo de quince días formulen las alegaciones que
estimen oportunas.
5. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, conclusas las actuaciones y,
en su caso, informada la Comisión Europea de acuerdo con lo previsto en el artícu-lo
11.4 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo
a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del
Tratado, dictará resolución.
Artículo 52. Terminación convencional.
1. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, a propuesta de la Dirección
de Investigación, podrá resolver la terminación del procedimiento sancionador en
materia de acuerdos y prácticas prohibidas cuando los presuntos infractores propongan
compromisos que resuelvan los efectos sobre la competencia derivados de las conductas
objeto del expediente y quede garantizado suficientemente el interés público.
39
2. Los compromisos serán vinculantes y surtirán plenos efectos una vez incorporados a
la resolución que ponga fin al procedimiento.
3. La terminación del procedimiento en los términos establecidos en este artículo no
podrá acordarse una vez elevado el informe propuesta previsto en el artículo 50.4.
Artículo 53. Resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.
1. Las resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrán
declarar:
a) La existencia de conductas prohibidas por la presente Ley o por los artículos 81 y 82
del Tratado CE.
b) La existencia de conductas que, por su escasa importancia, no sean capaces de afectar
de manera significativa a la competencia.
c) No resultar acreditada la existencia de prácticas prohibidas.
2. Las resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrán
contener:
a) La orden de cesación de las conductas prohibidas en un plazo determinado.
b) La imposición de condiciones u obligaciones determinadas, ya sean estructurales o de
comportamiento. Las condiciones estructurales sólo podrán imponerse en ausencia de
otras de comportamiento de eficacia equivalente o cuando, a pesar de existir
condiciones de comportamiento, éstas resulten más gravosas para la empresa en
cuestión que una condición estructural.
c) La orden de remoción de los efectos de las prácticas prohibidas contrarias al interés
público.
d) La imposición de multas.
e) El archivo de las actuaciones en los supuestos previstos en la presente Ley.
f) Y cualesquiera otras medidas cuya adopción le autorice esta Ley.
3. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá proceder, a propuesta
de la Dirección de Investigación, que actuará de oficio o a instancia de parte, a la
revisión de las condiciones y de las obligaciones impuestas en sus resoluciones cuando
se acredite una modificación sustancial y permanente de las circunstancias tenidas en
cuenta al dictarlas.
4. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá, de oficio o a instancia
de parte, aclarar conceptos oscuros o suplir cualquier omisión que contengan sus
resoluciones.
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Las aclaraciones o adiciones podrán hacerse dentro de los cinco días hábiles siguientes a
la notificación de la resolución o, en su caso, a la petición de aclaración o adición, que
deberá presentarse dentro del plazo improrrogable de tres días siguientes al de la
notificación.
Los errores materiales y los aritméticos podrán ser rectificados en cualquier momento.
Sección 3.ª De las medidas cautelares
Artículo 54. Adopción de medidas cautelares.
Una vez incoado el expediente, el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia
podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, a propuesta o previo informe de la
Dirección de Investigación, las medidas cautelares necesarias tendentes a asegurar la
eficacia de la resolución que en su momento se dicte.
CAPÍTULO III
Del procedimiento de control de concentraciones económicas
Sección 1.ª De la notificación
Artículo 55. Notificación de concentración económica.
1. El procedimiento de control de concentraciones económicas se iniciará una vez
recibida en forma la notificación de la concentración de acuerdo con el formulario de
notificación establecido reglamentariamente.
2. Con carácter previo a la presentación de la notificación podrá formularse consulta a la
Comisión Nacional de la Competencia sobre:
a) si una determinada operación es una concentración de las previstas en el artículo 7,
b) si una determinada concentración supera los umbrales mínimos de notificación
obligatoria previstos en el artículo 8.
3. Ante el conocimiento de la posible existencia de una concentración sujeta a control,
la Dirección de Investigación podrá realizar actuaciones previas con el fin de determinar
con carácter preliminar si concurren las circunstancias para su notificación obligatoria
de acuerdo con el artículo 9.
4. La Comisión Nacional de la Competencia podrá requerir al notificante para que en un
plazo de 10 días subsane cualquier falta de información o de documentos preceptivos y
complete el formulario de notificación.
En caso de no producirse la subsanación dentro de plazo, se tendrá al notificante por
desistido de su petición, pudiendo proceder la Comisión Nacional de la Competencia al
archivo de las actuaciones.
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5. La Comisión Nacional de la Competencia podrá requerir en cualquier momento del
procedimiento a la parte notificante para que, en un plazo de diez días, aporte
documentos u otros elementos necesarios para resolver.
En caso de que el notificante no cumplimente el requerimiento o lo haga fuera del plazo
establecido al efecto, no se beneficiará del silencio positivo previsto en el artículo 38.
6. En cualquier momento del procedimiento, la Comisión Nacional de la Competencia
podrá solicitar a terceros operadores la información que considere oportuna para la
adecuada valoración de la concentración. Asimismo, podrá solicitar los informes que
considere necesarios para resolver a cualquier organismo de la misma o distinta
Administración.
Artículo 56. Formulario abreviado de notificación.
1. Se podrá presentar un formulario abreviado de notificación, que será establecido
reglamentariamente, para su uso, entre otros, en los siguientes supuestos:
a) Cuando no exista solapamiento horizontal o vertical entre las partes de la operación
porque ninguna de ellas realice actividades económicas en el mismo mercado
geográfico y de producto de referencia o en mercados relacionados de modo ascendente
o descendente dentro del proceso de producción y comercialización.
b) Cuando la participación de las partes en los mercados, por su escasa importancia, no
sea susceptible de afectar significativamente a la competencia, de acuerdo con lo que se
establezca reglamentariamente.
c) Cuando una parte adquiera el control exclusivo de una o varias empresas o partes de
empresa sobre la cual tiene ya el control conjunto.
d) Cuando, tratándose de una empresa en participación, ésta no ejerza ni haya previsto
ejercer actividades dentro del territorio español o cuando dichas actividades sean
marginales.
2. La Comisión Nacional de la Competencia podrá exigir la presentación del formulario
ordinario de notificación cuando, aún cumpliéndose las condiciones para utilizar el
formulario abreviado, determine que es necesario para una investigación adecuada de
los posibles problemas de competencia. En este caso, el plazo máximo de resolución y
notificación del procedimiento empezará a computar de nuevo desde la fecha de
presentación del formulario ordinario.
Sección 2.ª De la instrucción y resolución del procedimiento
Artículo 57. Instrucción y resolución en la primera fase.
1. Recibida en forma la notificación, la Dirección de Investigación formará expediente y
elaborará un informe de acuerdo con los criterios de valoración del artículo 10, junto
con una propuesta de resolución.
42
2. Sobre la base del informe y de la propuesta de resolución de la Dirección de
Investigación, el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia dictará resolución
en primera fase, en la que podrá:
a) Autorizar la concentración.
b) Subordinar su autorización al cumplimiento de determinados compromisos
propuestos por los notificantes.
c) Acordar iniciar la segunda fase del procedimiento, cuando considere que la
concentración puede obstaculizar el mantenimiento de la competencia efectiva en todo o
parte del mercado nacional.
d) Acordar la remisión de la concentración a la Comisión Europea de acuerdo con el
artículo 22 del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004,
sobre el control de las concentraciones entre empresas y el archivo de la
correspondiente notificación. En este caso, se notificará dicha remisión al notificante,
indicándole que la competencia para adoptar una decisión sobre el asunto corresponde a
la Comisión Europea de acuerdo con la normativa comunitaria y que, por tanto, la
operación no se puede beneficiar del silencio positivo previsto en el artículo 38.
e) Acordar el archivo de las actuaciones en los supuestos previstos en la presente Ley.
Artículo 58. Instrucción y resolución en la segunda fase.
1. Una vez iniciada la segunda fase del procedimiento, la Dirección de Investigación
elaborará una nota sucinta sobre la concentración que, una vez resueltos los aspectos
confidenciales de la misma, será hecha pública y puesta en conocimiento de las
personas físicas o jurídicas que puedan resultar afectadas y del Consejo de
Consumidores y Usuarios, para que presenten sus alegaciones en el plazo de 10 días.
En el supuesto de que la concentración incida de forma significativa en el territorio de
una Comunidad Autónoma, la Dirección de Investigación solicitará informe preceptivo,
no vinculante, a la Comunidad Autónoma afectada, a la que remitirá junto con la nota
sucinta, copia de la notificación presentada, una vez resueltos los aspectos
confidenciales de la misma, para emitir el informe en el plazo de veinte días.
2. Los posibles obstáculos para la competencia derivados de la concentración se
recogerán en un pliego de concreción de hechos elaborado por la Dirección de
Investigación, que será notificado a los interesados para que en un plazo de 10 días
formulen alegaciones.
3. A solicitud de los notificantes, se celebrará una vista ante el Consejo de la Comisión
Nacional de la Competencia.
4. Recibida la propuesta de resolución definitiva de la Dirección de Investigación, el
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia adoptará la decisión final mediante
una resolución en la que podrá:
a) Autorizar la concentración.
43
b) Subordinar la autorización de la concentración al cumplimiento de determinados
compromisos propuestos por los notificantes o condiciones.
c) Prohibir la concentración.
d) Acordar el archivo de las actuaciones en los supuestos previstos en la presente Ley.
5. Las resoluciones adoptadas por el Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia serán comunicadas al Ministro de Economía y Hacienda al mismo tiempo
de su notificación a los interesados.
6. Las resoluciones en segunda fase en las que el Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia prohíba una concentración o la subordine al cumplimiento de
compromisos o condiciones no serán eficaces ni ejecutivas y no pondrán fin a la vía
administrativa:
a) Hasta que el Ministro de Economía y Hacienda haya resuelto no elevar la
concentración al Consejo de Ministros o haya transcurrido el plazo legal para ello
establecido en el artículo 36 de esta Ley.
b) En el supuesto de que el Ministro de Economía y Hacienda haya decidido elevar la
concentración al Consejo de Ministros, hasta que el Consejo de Ministros haya
adoptado un acuerdo sobre la concentración que confirme la resolución del Consejo de
la Comisión Nacional de la Competencia o haya transcurrido el plazo legal para ello
establecido en el artículo 36 de esta Ley.
Artículo 59. Presentación de compromisos.
1. Cuando de una concentración puedan derivarse obstáculos para el mantenimiento de
la competencia efectiva, las partes notificantes, por propia iniciativa o a instancia de la
Comisión Nacional de la Competencia, podrán proponer compromisos para resolverlos.
2. Cuando se propongan compromisos, el plazo máximo para resolver y notificar el
procedimiento se ampliará en 10 días en la primera fase y 15 días en la segunda fase.
3. Los compromisos propuestos por las partes notificantes podrán ser comunicados a los
interesados o a terceros operadores con el fin de valorar su adecuación para resolver los
problemas para la competencia derivados de la concentración así como sus efectos sobre
los mercados.
Artículo 60. Intervención del Consejo de Ministros.
1. El Ministro de Economía y Hacienda podrá elevar la decisión sobre la concentración
al Consejo de Ministros por razones de interés general cuando, en segunda fase, el
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia:
a) Haya resuelto prohibir la concentración.
b) Haya resuelto subordinar su autorización al cumplimiento de determinados
compromisos propuestos por los notificantes o condiciones.
44
2. La resolución del Ministro de Economía y Hacienda se comunicará a la Comisión
Nacional de la Competencia al mismo tiempo de su notificación a los interesados.
3. El Consejo de Ministros podrá:
a) Confirmar la resolución dictada por el Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia.
b) Acordar autorizar la concentración, con o sin condiciones. Dicho acuerdo deberá
estar debidamente motivado en razones de interés general distintas de la defensa de la
competencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10. Antes de adoptar el
Acuerdo correspondiente, se podrá solicitar informe a la Comisión Nacional de la
Competencia.
4. Transcurridos los plazos indicados en el artículo 36 sin que el Ministro de Economía
y Hacienda o el Consejo de Ministros hayan adoptado una decisión, la resolución
expresa del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia en segunda fase será
eficaz, inmediatamente ejecutiva y pondrá fin a la vía administrativa, entendiéndose que
la misma ha acordado:
a) Subordinar la autorización de la concentración a los compromisos o condiciones
previstos en la citada resolución.
b) Prohibir la concentración, pudiendo el Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia:
1.º Ordenar que no se proceda a la misma, cuando la concentración no se hubiera
ejecutado.
2.º Ordenar las medidas apropiadas para el restablecimiento de una competencia
efectiva, incluida la desconcentración, cuando la concentración ya se hubiera ejecutado.
5. El Acuerdo de Consejo de Ministros será comunicado a la Comisión Nacional de la
Competencia al mismo tiempo de su notificación a las partes.
TÍTULO V
Del régimen sancionador
Artículo 61. Sujetos infractores.
1. Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones u
omisiones tipificadas como infracciones en esta Ley.
2. A los efectos de la aplicación de esta Ley, la actuación de una empresa es también
imputable a las empresas o personas que la controlan, excepto cuando su
comportamiento económico no venga determinado por alguna de ellas.
45
3. Cuando se imponga una multa a una asociación, unión o agrupación de empresas y
ésta no sea solvente, la asociación estará obligada a recabar las contribuciones de sus
miembros hasta cubrir el importe de la multa.
En caso de que no se aporten dichas contribuciones a la asociación dentro del plazo
fijado por la Comisión Nacional de la Competencia, se podrá exigir el pago de la multa
a cualquiera de las empresas cuyos representantes sean miembros de los órganos de
gobierno de la asociación de que se trate.
Una vez que la Comisión Nacional de la Competencia haya requerido el pago con
arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá exigir el pago del saldo a cualquier
miembro de la asociación que operase en el mercado en que se hubiese producido la
infracción cuando ello sea necesario para garantizar el pago íntegro de la multa.
No obstante, no se exigirá el pago contemplado en los párrafos segundo y tercero a las
empresas que demuestren que no han aplicado la decisión o recomendación de la
asociación constitutiva de infracción y que o bien ignoraban su existencia o se
distanciaron activamente de ella antes de que se iniciase la investigación del caso.
La responsabilidad financiera de cada empresa con respecto al pago de la multa no
podrá ser superior al 10 por ciento de su volumen de negocios total en el ejercicio
inmediatamente anterior.
Artículo 62. Infracciones.
1. Las infracciones establecidas en la presente Ley se clasifican en leves, graves y muy
graves.
2. Son infracciones leves:
a) Haber presentado a la Comisión Nacional de la Competencia la notificación de la
concentración económica fuera de los plazos previstos en los artículos 9.3.a) y 9.5.
b) No haber notificado una concentración requerida de oficio por la Comisión Nacional
de la Competencia según lo previsto en el artículo 9.5.
c) No haber suministrado a la Comisión Nacional de la Competencia la información
requerida por ésta o haber suministrado información incompleta, incorrecta, engañosa o
falsa.
d) No haberse sometido a una inspección ordenada de acuerdo con lo establecido en el
artículo 40.
e) La obstrucción por cualquier medio de la labor de inspección de la Comisión
Nacional de la Competencia. Entre otras, constituyen obstrucción a la labor inspectora
las siguientes conductas:
1.º No presentar o hacerlo de forma incompleta, incorrecta o engañosa, los libros o
documentos solicitados por la Comisión Nacional de la Competencia en el curso de la
inspección.
46
2.º No responder a las preguntas formuladas por la Comisión Nacional de la
Competencia o hacerlo de forma incompleta, inexacta o engañosa.
3.º Romper los precintos colocados por la Comisión Nacional de la Competencia.
3. Son infracciones graves:
a) El desarrollo de conductas colusorias en los términos previstos en el artículo 1 de la
Ley, cuando las mismas consistan en acuerdos, decisiones o recomendaciones
colectivas, prácticas concertadas o conscientemente paralelas entre empresas que no
sean competidoras entre sí, reales o potenciales.
b) El abuso de posición de dominio tipificado en el artículo 2 que no tenga la
consideración de muy grave.
c) El falseamiento de la libre competencia por actos desleales en los términos
establecidos en el artículo 3 de esta Ley.
d) La ejecución de una concentración sujeta a control de acuerdo con lo previsto en esta
Ley antes de haber sido notificada a la Comisión Nacional de la Competencia o antes de
que haya recaído y sea ejecutiva resolución expresa o tácita autorizando la misma sin
que se haya acordado el levantamiento de la suspensión.
4. Son infracciones muy graves:
a) El desarrollo de conductas colusorias tipificadas en el artículo 1 de la Ley que
consistan en cárteles u otros acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas,
prácticas concertadas o conscientemente paralelas entre empresas competidoras entre sí,
reales o potenciales.
b) El abuso de posición de dominio tipificado en el artículo 2 de la Ley cuando el
mismo sea cometido por una empresa que opere en un mercado recientemente
liberalizado, tenga una cuota de mercado próxima al monopolio o disfrute de derechos
especiales o exclusivos.
c) Incumplir o contravenir lo establecido en una resolución, acuerdo o compromiso
adoptado en aplicación de la presente Ley, tanto en materia de conductas restrictivas
como de control de concentraciones.
Artículo 63. Sanciones.
1. Los órganos competentes podrán imponer a los agentes económicos, empresas,
asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellas que, deliberadamente o por
negligencia, infrinjan lo dispuesto en la presente Ley las siguientes sanciones:
a) Las infracciones leves con multa de hasta el 1 por ciento del volumen de negocios
total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición
de la multa.
47
b) Las infracciones graves con multa de hasta el 5 por ciento del volumen de negocios
total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición
de la multa.
c) Las infracciones muy graves con multa de hasta el 10 por ciento del volumen de
negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de
imposición de la multa.
El volumen de negocios total de las asociaciones, uniones o agrupaciones de empresas
se determinará tomando en consideración el volumen de negocios de sus miembros.
2. Además de la sanción prevista en el apartado anterior, cuando el infractor sea una
persona jurídica, se podrá imponer una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de sus
representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que hayan
intervenido en el acuerdo o decisión.
Quedan excluidas de la sanción aquellas personas que, formando parte de los órganos
colegiados de administración, no hubieran asistido a las reuniones o hubieran votado en
contra o salvado su voto.
3. En caso de que no sea posible delimitar el volumen de negocios a que se refiere el
apartado 1 del presente artículo, las infracciones tipificadas en la presente Ley serán
sancionadas en los términos siguientes:
a) Las infracciones leves con multa de 100.000 a 500.000 euros.
b) Las infracciones graves con multa de 500.001 a 10 millones de euros.
c) Las infracciones muy graves con multa de más de 10 millones de euros.
Artículo 64. Criterios para la determinación del importe de las sanciones.
1. El importe de las sanciones se fijará atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios:
a) La dimensión y características del mercado afectado por la infracción.
b) La cuota de mercado de la empresa o empresas responsables.
c) El alcance de la infracción.
d) La duración de la infracción.
e) El efecto de la infracción sobre los derechos y legítimos intereses de los
consumidores y usuarios o sobre otros operadores económicos.
f) Los beneficios ilícitos obtenidos como consecuencia de la infracción.
g) Las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran en relación con cada una
de las empresas responsables.
48
2. Para fijar el importe de las sanciones se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes
circunstancias agravantes:
a) La comisión repetida de infracciones tipificadas en la presente Ley.
b) La posición de responsable o instigador de la infracción.
c) La adopción de medidas para imponer o garantizar el cumplimiento de las conductas
ilícitas.
d) La falta de colaboración u obstrucción de la labor inspectora, sin perjuicio de la
posible consideración como infracción independiente según lo previsto en el artículo 62.
3. Para fijar el importe de la sanción se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes
circunstancias atenuantes:
a) La realización de actuaciones que pongan fin a la infracción.
b) La no aplicación efectiva de las conductas prohibidas.
c) La realización de actuaciones tendentes a reparar el daño causado.
d) La colaboración activa y efectiva con la Comisión Nacional de la Competencia
llevada a cabo fuera de los supuestos de exención y de reducción del importe de la
multa regulados en los artículos 65 y 66 de esta Ley.
Artículo 65. Exención del pago de la multa.
1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, la Comisión Nacional de la
Competencia eximirá a una empresa o a una persona física del pago de la multa que
hubiera podido imponerle cuando:
a) Sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio de la Comisión Nacional
de la Competencia, le permitan ordenar el desarrollo de una inspección en los términos
establecidos en el artículo 40 en relación con un cártel, siempre y cuando en el momento
de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma, o
b) Sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio de la Comisión Nacional
de la Competencia, le permitan comprobar una infracción del artículo 1 en relación con
un cártel, siempre y cuando, en el momento de aportarse los elementos, la Comisión
Nacional de la Competencia no disponga de elementos de prueba suficiente para
establecer la existencia de la infracción y no se haya concedido una exención a una
empresa o persona física en virtud de lo establecido en la letra a).
2. Para que la Comisión Nacional de la Competencia conceda la exención prevista en el
apartado anterior, la empresa o, en su caso, la persona física que haya presentado la
correspondiente solicitud deberá cumplir los siguientes requisitos:
49
a) Cooperar plena, continua y diligentemente con la Comisión Nacional de la
Competencia, en los términos en que se establezcan reglamentariamente, a lo largo de
todo el procedimiento administrativo de investigación.
b) Poner fin a su participación en la presunta infracción en el momento en que facilite
los elementos de prueba a que hace referencia este artículo, excepto en aquellos
supuestos en los que la Comisión Nacional de la Competencia estime necesario que
dicha participación continúe con el fin de preservar la eficacia de una inspección.
c) No haber destruido elementos de prueba relacionados con la solicitud de exención ni
haber revelado, directa o indirectamente, a terceros distintos de la Comisión Europea o
de otras Autoridades de Competencia, su intención de presentar esta solicitud o su
contenido.
d) No haber adoptado medidas para obligar a otras empresas a participar en la
infracción.
3. La exención del pago de la multa concedida a una empresa beneficiará igualmente a
sus representantes legales, o a las personas integrantes de los órganos directivos y que
hayan intervenido en el acuerdo o decisión, siempre y cuando hayan colaborado con la
Comisión Nacional de la Competencia.
Artículo 66. Reducción del importe de la multa.
1. La Comisión Nacional de la Competencia podrá reducir el importe de la multa
correspondiente en relación con aquellas empresas o personas físicas que, sin reunir los
requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo anterior:
a) faciliten elementos de prueba de la presunta infracción que aporten un valor añadido
significativo con respecto a aquéllos de los que ya disponga la Comisión Nacional de la
Competencia, y
b) cumplan los requisitos establecidos en las letras a), b) y c) del apartado 2 del artículo
anterior.
2. El nivel de reducción del importe de la multa se calculará atendiendo a la siguiente
regla:
a) La primera empresa o persona física que cumpla lo establecido en el apartado
anterior, podrá beneficiarse de una reducción de entre el 30 y el 50 por ciento.
b) La segunda empresa o persona física podrá beneficiarse de una reducción de entre el
20 y el 30 por ciento.
c) Las sucesivas empresas o personas físicas podrán beneficiarse de una reducción de
hasta el 20 por ciento del importe de la multa.
3. La aportación por parte de una empresa o persona física de elementos de prueba que
permitan establecer hechos adicionales con repercusión directa en el importe de la multa
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será tenida en cuenta por la Comisión Nacional de la Competencia al determinar el
importe de la multa correspondiente a dicha empresa o persona física.
4. La reducción del importe de la multa correspondiente a una empresa será aplicable,
en el mismo porcentaje, a la multa que pudiera imponerse a sus representantes o a las
personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o
decisión, siempre que hayan colaborado con la Comisión Nacional de la Competencia.
Artículo 67. Multas coercitivas.
La Comisión Nacional de la Competencia, independientemente de las multas
sancionadoras y sin perjuicio de la adopción de otras medidas de ejecución forzosa
previstas en el ordenamiento, podrá imponer, previo requerimiento del cumplimiento a
las empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de éstas, y agentes económicos en
general, multas coercitivas de hasta 12.000 euros al día con el fin de obligarlas:
a) A cesar en una conducta que haya sido declarada prohibida conforme a lo dispuesto
en la Ley.
b) A deshacer una operación de concentración que haya sido declarada prohibida
conforme a lo dispuesto en la Ley.
c) A la remoción de los efectos provocados por una conducta restrictiva de la
competencia.
d) Al cumplimiento de los compromisos o condiciones adoptados en las resoluciones de
la Comisión Nacional de la Competencia o en los Acuerdos de Consejo de Ministros
según lo previsto en la presente Ley.
e) Al cumplimiento de lo ordenado en una resolución, requerimiento o acuerdo de la
Comisión Nacional de la Competencia o del Consejo de Ministros.
f) Al cumplimiento del deber de colaboración establecido en el artículo 39.
g) Al cumplimiento de las medidas cautelares.
Artículo 68. Prescripción de las infracciones y de las sanciones.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los dos años
y las leves al año. El término de la prescripción se computará desde el día en que se
hubiera cometido la infracción o, en el caso de infracciones continuadas, desde el que
hayan cesado.
2. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a
los cuatro años, las impuestas por la comisión de infracciones graves a los dos años y
las impuestas por infracciones leves al año.
3. La prescripción se interrumpe por cualquier acto de la Administración con
conocimiento formal del interesado tendente al cumplimiento de la Ley y por los actos
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realizados por los interesados al objeto de asegurar, cumplimentar o ejecutar las
resoluciones correspondientes.
Artículo 69. Publicidad de las sanciones.
Serán públicas, en la forma y condiciones que se prevea reglamentariamente, las
sanciones impuestas en aplicación de esta Ley, su cuantía, el nombre de los sujetos
infractores y la infracción cometida.
Artículo 70. Normativa aplicable y órganos competentes.
1. A excepción de las infracciones previstas en el artículo 62 correspondientes a los
artículos 1, 2 y 3, todos de esta Ley, el procedimiento para la imposición de las
sanciones previstas en este Título se regirá por lo establecido en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en su normativa de desarrollo. No obstante, el
plazo máximo de resolución podrá suspenderse en los casos previstos en el artículo 37
de esta Ley.
2. La Dirección de Investigación será el órgano competente para la iniciación e
instrucción del procedimiento sancionador y el Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia para la resolución del mismo.
Disposición adicional primera. De los Juzgados de lo Mercantil.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 ter 2. letra f de la Ley Orgánica 6/1985,
del Poder Judicial, los Juzgados de lo Mercantil conocerán de cuantas cuestiones sean
de la competencia del orden jurisdiccional civil respecto de los procedimientos de
aplicación de los artículos 1 y 2 de la presente Ley.
Disposición adicional segunda. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.
Uno. Se introduce el artículo 15 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, en los términos siguientes:
«Artículo 15 bis. Intervención en procesos de defensa de la competencia.
1. La Comisión Europea, la Comisión Nacional de la Competencia y los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias podrán
intervenir, sin tener la condición de parte, por propia iniciativa o a instancia del órgano
judicial, mediante la aportación de información o presentación de observaciones escritas
sobre cuestiones relativas a la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la
Comunidad Europea o los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia. Con
la venia del correspondiente órgano judicial, podrán presentar también observaciones
verbales. A estos efectos, podrán solicitar al órgano jurisdiccional competente que les
remita o haga remitir todos los documentos necesarios para realizar una valoración del
asunto de que se trate.
52
La aportación de información no alcanzará a los datos o documentos obtenidos en el
ámbito de las circunstancias de aplicación de la exención o reducción del importe de las
multas previstas en los artículos 65 y 66 de la Ley de Defensa de la Competencia.
2. La Comisión Europea, la Comisión Nacional de la Competencia y los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas aportarán la información o presentarán las
observaciones previstas en el número anterior diez días antes de la celebración del acto
del juicio a que se refiere el artículo 433 de esta Ley o dentro del plazo de oposición o
impugnación del recurso interpuesto.»
Dos. Se modifica el artículo 212 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, añadiendo un nuevo número, que será el 3, en los siguientes términos:
«3. Las sentencias que se dicten en los procedimientos sobre la aplicación de los
artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o los artículos 1 y 2 de la Ley
de Defensa de la Competencia se comunicarán por el Secretario judicial a la Comisión
Nacional de la Competencia.»
Tres. Se modifica el artículo 249 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, añadiendo un nuevo inciso, en su número 4.º, en los siguientes términos:
«4.º Las demandas en materia de competencia desleal, defensa de la competencia, en
aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o de los
artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, propiedad industrial, propiedad
intelectual y publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de
cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en
función de la cuantía que se reclame. No obstante, se estará a lo dispuesto en el punto
12 del apartado 1 del artículo 250 de esta Ley cuando se trate del ejercicio de la acción
de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los
consumidores y usuarios en materia de publicidad.»
Cuatro. Se modifica el artículo 404 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, añadiendo un nuevo párrafo en los siguientes términos:
«En los procesos en los que sean de aplicación los artículos 81 y 82 del Tratado de la
Comunidad Europea o los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, el
Secretario judicial dará traslado a la Comisión Nacional de la Competencia del auto
admitiendo la demanda en el plazo previsto en el párrafo anterior.»
Cinco. Se modifica el artículo 434 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, añadiendo un nuevo número, que será el 3, en los siguientes términos:
«3. Se podrá suspender el plazo para dictar sentencia en los procedimientos sobre la
aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o de los
artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia cuando el tribunal tenga
conocimiento de la existencia de un expediente administrativo ante la Comisión
Europea, la Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas y resulte necesario conocer el pronunciamiento del órgano
administrativo. Dicha suspensión se adoptará motivadamente, previa audiencia de las
53
partes, y se notificará al órgano administrativo. Este, a su vez, habrá de dar traslado de
su resolución al tribunal.
Contra el auto de suspensión del proceso sólo se dará recurso de reposición.»
Seis. Se modifica el artículo 461 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, añadiendo un nuevo número, que será el 5, en los términos siguientes:
«5. En los procesos en los que sean de aplicación los artículos 81 y 82 del Tratado de la
Comunidad Europea o los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, el
Secretario judicial dará traslado a la Comisión Nacional de la Competencia del escrito
de interposición del recurso de apelación.»
Siete. Se modifica el artículo 465 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, añadiendo un nuevo número, que será el 5, en los siguientes términos:
«5 Se podrá suspender el plazo para dictar sentencia en los procedimientos sobre la
aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o de los
artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia cuando el tribunal tenga
conocimiento de la existencia de un expediente administrativo ante la Comisión
Europea, la Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas y resulte necesario conocer el pronunciamiento del órgano
administrativo. Dicha suspensión se adoptará motivadamente, previa audiencia de las
partes, y se notificará al órgano administrativo. Este, a su vez, habrá de dar traslado de
su resolución al tribunal.
Contra el auto de suspensión del proceso sólo se dará recurso de reposición.»
Disposición adicional tercera. Comunicaciones de la Comisión Nacional de la
Competencia.
La Comisión Nacional de la Competencia podrá publicar Comunicaciones aclarando los
principios que guían su actuación en aplicación de la presente Ley. En particular, las
Comunicaciones referentes a los artículos 1 a 3 de esta Ley se publicarán oído el
Consejo de Defensa de la Competencia.
Disposición adicional cuarta. Definiciones.
1. A efectos de lo previsto en esta Ley, se entiende por empresa cualquier persona o
entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de
dicha entidad y de su modo de financiación.
2. A efectos de lo dispuesto en esta Ley se entiende por cártel todo acuerdo secreto entre
dos o más competidores cuyo objeto sea la fijación de precios, de cuotas de producción
o de venta, el reparto de mercados, incluidas las pujas fraudulentas, o la restricción de
las importaciones o las exportaciones.
Disposición adicional quinta. Referencias a los órganos nacionales de competencia
existentes en otras normas.
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1. La Comisión Nacional de la Competencia será la Autoridad Nacional de
Competencia a los efectos del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de
diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas
en los artículos 81 y 82 del Tratado.
2. Las referencias de la normativa vigente al Tribunal de Defensa de la Competencia y
al Servicio de Defensa de la Competencia se entenderán hechas a la Comisión Nacional
de la Competencia.
3. No obstante, las referencias de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de
las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la
competencia, al Tribunal de Defensa de la Competencia y al Servicio de Defensa de la
Competencia se entenderán realizadas al Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia y a la Dirección de Investigación, respectivamente. Sin perjuicio de lo
anterior, el Consejo de Defensa de la Competencia será presidido por el Presidente de la
Comisión Nacional de la Competencia.
Disposición adicional sexta. Extinción del Tribunal de Defensa de la Competencia y del
Servicio de Defensa de la Competencia.
1. Quedan extinguidos el Organismo Autónomo Tribunal de Defensa de la Competencia
y el Servicio de Defensa de la Competencia.
2. Se traspasarán a la Comisión Nacional de la Competencia los medios materiales del
Tribunal de Defensa de la Competencia y del Servicio de Defensa de la Competencia y
aquélla se subrogará en los derechos y obligaciones de los que éstos sean titulares de
forma que se garantice la máxima economía de recursos.
3. Los funcionarios y el personal que en el momento de entrada en vigor de esta Ley
presten sus servicios en el Tribunal de Defensa de la Competencia y en el Servicio de
Defensa de la Competencia, se integrarán en la Comisión Nacional de la Competencia.
Disposición adicional séptima. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Uno. Se da nueva redacción al artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en los términos siguientes:
«6. Conocerán también los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de las
autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el
consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos
de la Administración pública.
Asimismo, corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la
autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias
consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o
restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.
Además, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocerán de las
autorizaciones para la entrada e inspección de domicilios, locales, terrenos y medios de
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transporte que haya sido acordada por la Comisión Nacional de la Competencia,
cuando, requiriendo dicho acceso e inspección el consentimiento de su titular, éste se
oponga a ello o exista riesgo de tal oposición.»
Dos. Se da nueva redacción al artículo 10.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en los términos siguientes:
«Artículo 10. Competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los
Tribunales Superiores de Justicia.
1. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia
conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con:
a) Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las Comunidades
Autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo.
b) Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las
Entidades locales.
c) Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las asambleas legislativas de
las Comunidades Autónomas, y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal
de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administración y gestión
patrimonial.
d) Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico-Administrativos
Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico-administrativa.
e) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central en
materia de tributos cedidos.
f) Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades
Autónomas, así como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas
Electorales sobre proclamación de electos y elección y proclamación de Presidentes de
Corporaciones locales, en los términos de la legislación electoral.
g) Los convenios entre Administraciones públicas cuyas competencias se ejerzan en el
ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma.
h) La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley
Orgáni-ca 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión.
i) Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del
Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico
sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado en materias de personal, propiedades
especiales y expropiación forzosa.
j) Los actos y resoluciones de los órganos de las Comunidades Autónomas competentes
para la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia.
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k) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la
competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional.»
Tres. Se modifica el apartado 3 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la siguiente
redacción:
«3. Las resoluciones y actos del Presidente y del Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia, directamente, en única instancia, ante la Sala de lo Contenciosoadministrativo
de la Audiencia Nacional.»
Disposición adicional octava. Referencias a la Comisión Nacional de la Competencia y
a sus órganos de dirección.
Las referencias contenidas en esta Ley a la Comisión Nacional de la Competencia y a
sus órganos de dirección relativas a funciones, potestades administrativas y
procedimientos, se entenderán también realizadas a los órganos de instrucción y
resolución correspondientes de las Comunidades Autónomas con competencia en la
materia cuando las mismas se refieran a las competencias correspondientes previstas en
el artículo 13 de esta Ley.
Disposición adicional novena. Asistencia jurídica a la Comisión Nacional de la
Competencia.
La asistencia jurídica, consistente en el asesoramiento, representación y defensa en
juicio, de la Comisión Nacional de la Competencia se llevará a cabo de conformidad
con la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e
Instituciones Públicas.
Disposición adicional décima. Modificación de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de
Coordinación de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en
materia de Defensa de la Competencia.
Uno. Se modifica el artículo 5.Uno.3 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de
coordinación de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en
materia de defensa de la competencia, en los términos siguientes:
«3. El Consejo de Defensa de la Competencia, como órgano de participación y
colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades
Autónomas, asumirá las siguientes funciones:
a) Realizar el seguimiento periódico de la política de defensa de la competencia por
parte de las distintas Administraciones públicas.
b) Promover el intercambio de información y la realización y publicación de estudios en
los que se pongan de manifiesto los criterios seguidos por las distintas Administraciones
en aplicación de la normativa de defensa de la competencia y, en su caso, la necesidad
de hacer que éstos sean uniformes.
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c) Informar sobre los proyectos de disposiciones de carácter general que afecten a las
materias de la defensa de la competencia en las que las Comunidades Autónomas tienen
competencias de ejecución.
d) Elaborar directrices sobre la interpretación del apartado 2 del artículo 1 de la presente
Ley.»
Dos. Se modifica el artículo 5.Dos, letra b), de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de
coordinación de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en
materia de defensa de la competencia, en los términos siguientes:
«b) La Comisión Nacional de la Competencia remitirá a los órganos autonómicos una
nota sucinta de las actuaciones practicadas de oficio y copia de todas las denuncias,
respecto de las que existan indicios racionales de infracción, que se refieran a conductas
que afecten a su respectiva Comunidad Autónoma.»
Tres. Se modifica el artículo 5 apartado Cuatro, de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de
coordinación de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en
materia de defensa de la competencia, en los términos siguientes:
«La Comisión Nacional de la Competencia, en el ejercicio de las funciones que le son
propias, recabará del órgano autonómico informe preceptivo, no vinculante, a emitir en
el plazo de veinte días, en relación con aquellas conductas previstas en los artículos 1, 2
y 3 de la Ley de Defensa de la Competencia o los artículos 81 y 82 del Tratado de la
Comunidad Europea que, afectando a un ámbito supraautonómico o al conjunto del
mercado nacional, incidan de forma significativa en el territorio de la respectiva
Comunidad Autónoma.
Para ello, la Comisión Nacional de la Competencia remitirá al órgano autonómico de la
respectiva Comunidad Autónoma copia del pliego de concreción de hechos y, en su
caso, de la denuncia y de los documentos y pruebas practicadas que consten en el
expediente, indicándose este hecho en la notificación a los interesados del citado pliego.
La Comisión Nacional de la Competencia comunicará al órgano autonómico de la
respectiva Comunidad Autónoma los acuerdos y resoluciones adoptados, tanto en la
fase de instrucción como de resolución, que pongan fin al procedimiento, respecto de
estas conductas.»
Disposición adicional undécima. Modificación de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
En la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, se incluye, entre los
Organismos relacionados en el apartado 1, «...la Comisión Nacional de la
Competencia».
Disposición transitoria primera. Procedimientos iniciados formalmente.
1. Los procedimientos sancionadores en materia de conductas prohibidas incoados antes
de la entrada en vigor de esta Ley se tramitarán y resolverán con arreglo a las
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disposiciones vigentes en el momento de su inicio. En todo caso se entenderán
caducadas las solicitudes presentadas en aplicación del artículo 4 de la Ley 16/1989,
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.
2. Los procedimientos de control de concentraciones iniciados antes de la entrada en
vigor de esta Ley se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones vigentes en
el momento de su inicio.
3. En la tramitación de los procedimientos indicados en los apartados anteriores, las
referencias al Tribunal de Defensa de la Competencia y al Servicio de Defensa de la
Competencia se entenderán realizadas, respectivamente, al Consejo de la Comisión
Nacional de la Competencia y a la Dirección de Investigación.
Disposición transitoria segunda. Constitución de la Comisión Nacional de la
Competencia.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la presente Ley, el
Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y los Vocales pasarán a ostentar
la condición de Presidente y Consejeros de la Comisión Nacional de la Competencia
hasta la expiración de su mandato, sin posibilidad de otro nombramiento posterior para
el mismo cargo.
2. Con el fin de adaptar la composición del número de miembros del Consejo de la
Comisión Nacional de la Competencia a lo dispuesto en los artículos 20.b) y 33.1 de la
presente Ley, la reducción a seis Consejeros se irá produciendo progresivamente en
función de la expiración del mandato del Presidente y los Vocales del Tribunal de
Defensa de la Competencia en los términos previstos en el apartado anterior.
3. La designación de los nuevos Consejeros tendrá lugar a partir del momento en que el
número de consejeros sea inferior a seis.
4. En el plazo de tres meses de la entrada en vigor de esta Ley, se procederá a la
designación del Director de Investigación. Hasta tanto no se realice la misma, el
Director General de Defensa de la Competencia continuará ejerciendo sus funciones.
Disposición derogatoria.
1. Por la presente Ley queda derogada la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la
Competencia, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto
en esta Ley.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Real Decreto 1443/2001, de 21
diciembre, por el que se desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la
Competencia, en lo referente al control de concentraciones económicas y los artículos 2
y 3 del capítulo I, los artículos 14 y 15, apartados 1 a 4, del capítulo II y el capítulo III
del Real Decreto 378/2003, de 28 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 16/1989, de
17 de julio, de Defensa de la Competencia, en materia de exenciones por categorías,
autorización singular y registro de defensa de la competencia seguirán en vigor hasta
que el Gobierno apruebe, en su caso, nuevos textos reglamentarios, en lo que no se
oponga en lo previsto en la presente Ley.
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Disposición final primera. Títulos competenciales.
Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución.
Se exceptúan de lo anterior los siguientes preceptos:
La disposición adicional primera, que se dicta al amparo del artículo 149.1.5.ª de la
Constitución.
Los artículos 12, apartado 3 y 16; y las disposiciones adicionales segunda, séptima y
novena, que se dictan al amparo del artículo 149.1. 6.ª de la Constitución.
El artículo 23, que se dicta al amparo del artículo 149.1.14.ª de la Constitución.
Disposición final segunda. Habilitación normativa.
1. El Gobierno y el Ministro de Economía y Hacienda, de acuerdo con lo previsto en
esta Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán dictar las normas
reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.
2. En particular, se autoriza al Gobierno para que en el plazo de 6 meses dicte las
disposiciones reglamentarias que desarrollen la presente Ley en cuanto a los
procedimientos, el tratamiento de las conductas de menor importancia, y el sistema de
clemencia o exención y reducción de multa a las empresas que colaboren en la lucha
contra los cárteles.
3. Igualmente, se autoriza al Gobierno para que, previo informe de la Comisión
Nacional de la Competencia, mediante Real Decreto modifique los umbrales
establecidos en el artículo 8 de la presente Ley. En todo caso, la Comisión Nacional de
la Competencia realizará cada tres años una valoración de la aplicación de dichos
umbrales a los efectos de proponer, en su caso, su modificación al Gobierno.
4. En el plazo de tres meses tras la constitución del Consejo de la Comisión Nacional de
la Competencia, el Consejo de Ministros aprobará mediante Real Decreto, previo
informe de la Comisión Nacional de la Competencia, el Estatuto de la misma, en el que
se establecerán cuantas cuestiones relativas al funcionamiento y régimen de actuación
de la Comisión Nacional de la Competencia resulten necesarias conforme a las
previsiones de esta Ley y, en particular, las siguientes:
a) la estructura orgánica de la Comisión Nacional de la Competencia;
b) la distribución de competencias entre los distintos órganos;
c) el régimen de su personal.
5. Asimismo, se autoriza al Gobierno para que mediante Real Decreto modifique la
regulación de la estructura organizativa del Ministerio de Economía y Hacienda de
acuerdo con la nueva organización institucional contemplada en esta Ley.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
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1. La presente Ley entrará en vigor el 1 de septiembre de 2007.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, los artículos 65 y 66 de esta
Ley entrarán en vigor en el mismo momento que su reglamento de desarrollo.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar
esta Ley.
Madrid, 3 de julio de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO